El expediente judicial que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, ingresó en su tramo final. El fiscal federal Ramiro González tiene previsto solicitar en las próximas horas la elevación a juicio oral, tras el cierre de la etapa de instrucción.
La causa, que se inició en 2023, acumula acusaciones por lesiones leves y graves, además de amenazas coactivas, en un contexto que —según la Justicia— estuvo marcado por una relación “asimétrica” y “violencia habitual” desde al menos 2016 hasta agosto de 2024.
En abril, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del exmandatario y destacó que los ataques incluyeron episodios físicos y psicológicos, muchos de ellos ocurridos dentro de la Quinta de Olivos, en un entorno de aislamiento forzado. El fallo remarcó que la situación de vulnerabilidad de Yáñez era conocida por Fernández y que esa desigualdad de poder provocó un deterioro en su salud.
La querella, en representación de la ex primera dama, pidió una condena de 12 años de prisión y rechazó cualquier alternativa de probation. Los abogados remarcaron que, además de ser presidente, Fernández ocupó otros cargos de relevancia, lo que reforzaba la asimetría en la relación.
En contrapartida, la defensa del expresidente intentó sumar nuevas medidas de prueba para retrasar la elevación a juicio, pero el juez Julián Ercolini rechazó todos los planteos y señaló que el debate oral será el ámbito adecuado para la discusión de las pruebas.
En febrero, Ercolini ya había dictado el procesamiento, un embargo por 10 millones de pesos y una orden de restricción que impide a Fernández acercarse a menos de 500 metros de Yáñez o comunicarse con ella por cualquier medio.
Fernández apeló la resolución en un escrito de 59 páginas, alegando falta de pruebas directas y cuestionando la validez de los chats aportados a la causa. Aseguró que las acusaciones se basan en interpretaciones subjetivas y reiteró su pedido de sobreseimiento.
Mientras tanto, la Justicia dispuso un régimen provisorio de visitas para que el exmandatario pueda ver a su hijo Francisco, que vive en España con su madre. Los encuentros se realizarán una semana al mes, durante tres meses, en la Ciudad de Buenos Aires.