La Cámara de Diputados reabrirá este martes el debate sobre los pedidos de informes relacionados con el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En un clima de fuerte tensión política, la oposición reclama explicaciones mientras el Gobierno intenta instalar otra narrativa enfocada en un supuesto espionaje ilegal.
El debate en el Congreso
Desde las 12 horas, la Comisión de Acción Social y Salud Pública tratará un primer grupo de proyectos impulsados por legisladores opositores. Más tarde, a las 14, la Comisión de Discapacidad continuará con el análisis de otra tanda de pedidos de informes. Entre los firmantes se encuentran representantes de diferentes espacios como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Republicanos y Encuentro Federal.
Los cuestionamientos apuntan directamente al sistema de recaudación ilegal que habría quedado al descubierto tras la difusión de audios del desplazado titular del organismo, Diego Spagnuolo, lo que encendió las alarmas en la Casa Rosada y dejó en el centro de la polémica a los hermanos Milei.
El silencio oficial y la nueva estrategia
La semana pasada, ni el ministro de Salud, Mario Lugones, ni el nuevo titular de la ANDIS, Alejandro Vilches, se presentaron ante un plenario de comisiones al que habían sido convocados de urgencia, lo que alimentó aún más las críticas opositoras.
En paralelo, el presidente Javier Milei compartió un mensaje del vocero presidencial, Manuel Adorni, en el que se afirmó que los audios son parte de una operación de inteligencia destinada a desestabilizar al Gobierno en plena campaña. Según la Casa Rosada, no se trató de una simple filtración sino de un ataque planificado con fines políticos.
Bullrich redobla las acusaciones
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, agregó más tensión al asegurar que detrás de la maniobra podrían estar involucrados actores vinculados a servicios de inteligencia extranjeros e incluso mencionó la posible incidencia de Venezuela.
Bullrich calificó el episodio como una situación inédita que deja al país en un estado de vulnerabilidad, y describió la estrategia como una forma de “tortura psicológica” destinada a desgastar al Gobierno. Además, consideró que la filtración de audios se suma a una ofensiva mayor contra la gestión nacional, con el objetivo de impactar en la economía y condicionar al Ejecutivo.