El oficialismo y sectores de la oposición alcanzaron un acuerdo parlamentario para avanzar con la reforma del régimen penal juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa será tratada en el recinto en una sesión convocada para el jueves, dentro del período de sesiones extraordinarias.
El Gobierno nacional había impulsado originalmente un proyecto que proponía fijar el límite en 13 años, pero la falta de consenso llevó a aceptar el dictamen acordado en mayo del año pasado, respaldado por los bloques dialoguistas, que establece el piso en 14. Desde el oficialismo reconocieron que se trata de “la ley posible” ante la actual correlación de fuerzas.
El entendimiento se selló tras una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados con jefes de bloque, donde se definió una hoja de ruta legislativa: primero se reconstituirán las comisiones, luego se ratificará el dictamen y finalmente se llevará el tema al recinto. Según anticiparon desde el oficialismo, ya contarían con los votos necesarios para habilitar la sesión.
El proyecto fija que la pena máxima para menores será de 15 años, solo aplicable a delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Además, establece que la privación de la libertad será el último recurso, priorizando sanciones alternativas como tareas comunitarias, restricciones de acercamiento a las víctimas o medidas de reparación del daño.
Durante las negociaciones, los bloques provinciales plantearon la necesidad de que el Estado nacional acompañe financieramente a las provincias ante la implementación del nuevo régimen. En ese marco, se acordó incorporar una cláusula que permita firmar convenios entre Nación y provincias para cubrir los costos derivados del sistema.
Con amplio respaldo legislativo —salvo sectores de Unión por la Patria y la izquierda—, el oficialismo confía en que la iniciativa pueda convertirse en ley antes del cierre del período extraordinario, previsto para el 1 de marzo.