El Gobierno nacional reglamentó el nuevo régimen que permite a ciudadanos extranjeros acceder a la ciudadanía argentina sin necesidad de cumplir con el tiempo mínimo de residencia, siempre que realicen una inversión considerada “relevante”.
¿Cómo funciona el nuevo trámite?
Se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, encargada de recibir y evaluar las solicitudes. Si la inversión cumple con los criterios establecidos, el organismo solicitará informes a entidades como la UIF, RENAPER, Registro Nacional de Reincidencia, entre otras.
Con estos antecedentes, la Agencia redactará un dictamen que recomendará a la Dirección Nacional de Migraciones si corresponde o no otorgar la ciudadanía. Este organismo tendrá un plazo de 30 días hábiles para tomar una decisión.
¿Qué objetivos persigue la medida?
La iniciativa forma parte de la política de reformulación migratoria del Ejecutivo, con el fin de atraer capitales estratégicos, fomentar inversiones, generar empleo y facilitar la integración económica de nuevos ciudadanos.
Además, se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a adecuar sus sistemas para que quienes obtengan la ciudadanía por esta vía puedan tramitar automáticamente su CUIT, lo que les permitirá operar formalmente en el país.
Cambios en la ley migratoria
Esta reglamentación complementa una modificación anterior a la Ley de Ciudadanía, que incorporó la figura del “ciudadano por inversión”, permitiendo la naturalización sin cumplir con el requisito de residencia mínima, siempre que se concrete una inversión calificada como relevante por el Ministerio de Economía.
Críticas y preocupaciones
Aunque el régimen es presentado como una herramienta para atraer inversores globales, algunas voces advierten sobre posibles riesgos: la discrecionalidad para definir qué se considera una inversión significativa, la necesidad de mayor transparencia en el proceso y el peligro de que se convierta en una puerta de acceso sin controles rigurosos. También se plantean alertas frente a posibles maniobras de lavado de dinero o una eventual “mercantilización” de la ciudadanía.