A pocos días de que venza el plazo fijado por la Justicia, ninguno de los condenados en la causa Vialidad —incluida la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— realizó el depósito de los fondos que, según el fallo, deben ser restituidos al Estado.
El monto total a recuperar asciende a 530 millones de dólares, y la fecha límite para el reintegro es el martes 13 de agosto. Si para entonces no hay pagos, el proceso avanzará hacia la subasta pública de los bienes decomisados.
En paralelo, una reciente acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación abrió la posibilidad de que parte de esos inmuebles se destinen a oficinas judiciales o al Consejo de la Magistratura, en lugar de ser vendidos de inmediato. El máximo tribunal también contempla la cesión a programas sociales, educativos o de asistencia a víctimas, en caso de no concretarse la venta.
En el caso de Cristina Kirchner —condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta— los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola señalaron al menos dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y un conjunto de bienes en el sur del país que podrían subastarse. Entre ellos figuran departamentos en el complejo Madero Center y un inmueble en San José 1111, aunque parte de estos bienes se encuentran embargados en la causa Hotesur–Los Sauces, lo que podría generar un conflicto legal sobre su destino.
Los otros condenados en la causa, Lázaro Báez y José López, tampoco realizaron pagos. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal Nº 2 determinó que, durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en beneficio de Báez, lo que generó un perjuicio millonario al Estado.
Con el plazo a punto de expirar, la decisión final sobre el futuro de los bienes —subasta, uso judicial o destino social— quedará en manos de la Justicia en los próximos días.