Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 que avance sin demoras en la ejecución de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los condenados en la denominada “Causa Vialidad”. El planteo surge como respuesta a la presentación de la expresidenta, quien había pedido frenar el decomiso y cuestionado la competencia del tribunal.
Según los representantes del Ministerio Público, la maniobra de corrupción comprobada en el juicio generó un perjuicio económico incalculable para el Estado. En un escrito de 21 páginas, remarcaron que entre 2003 y 2015 funcionó “una de las matrices de corrupción más extraordinarias de la historia argentina” y calificaron a la exmandataria como la “principal responsable” de ese entramado.
Un monto millonario bajo discusión
La sentencia firme dispuso el decomiso de más de $684.990 millones, cifra actualizada por el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema. La defensa de la exvicepresidenta rechazó la metodología aplicada para establecer esa suma y pidió que se deje sin efecto la medida. No obstante, los fiscales remarcaron que el decomiso “no es una opción, sino una obligación” prevista tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
Los fundamentos de la acusación
Luciani y Mola señalaron que los planteos de Cristina Kirchner buscan impedir la recuperación de los fondos sustraídos y remarcaron que el dinero malversado “pudo haberse destinado a salud, educación, infraestructura, jubilaciones o políticas de vivienda”. En ese sentido, insistieron en que la ejecución inmediata del decomiso es clave para resarcir, al menos en parte, los daños ocasionados.
Condenas y consecuencias
La causa determinó la existencia de múltiples irregularidades en la adjudicación de obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. Además de Cristina Kirchner, fueron condenados el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exdirector de Vialidad Nacional, Nelson Periotti; y otros exfuncionarios provinciales.
Actualmente, la expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José al 1100, en el marco de la pena de seis años de prisión dictada en 2022, ratificada en instancias superiores. El Tribunal Oral Federal N°2 ya había rechazado la mayoría de los planteos de nulidad de la defensa, aunque concedió un recurso de casación contra la resolución que actualizó el monto del decomiso.