La comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se convirtió este martes en el escenario de una reunión cargada de tensión política. Allí, periodistas y legisladores opositores cuestionaron la denuncia impulsada por el Gobierno y adelantaron que en las próximas horas se darán a conocer nuevas pruebas sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Una reunión autoconvocada
La cita se concretó de manera autogestionada, ya que la titular de la comisión, la diputada libertaria Emilia Orozco, había rechazado el pedido de sesión. Frente a esa negativa, los bloques opositores decidieron convocar de todos modos a la comisión. “Hace un año que Orozco no reúne al cuerpo. Es un modus operandi del oficialismo”, advirtió el vicepresidente de la comisión, Christian Castillo.
El rol de los periodistas
Los primeros en tomar la palabra fueron los comunicadores Jorge Rial y Mauro Federico, ambos en el centro de la escena tras la publicación de audios que comprometen al ex director de ANDIS, Diego Spagnuolo, en un presunto esquema de corrupción.
Rial acusó al Gobierno de intentar callar a la prensa: “Lejos de silenciarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones y más documentación sobre el caso”. Según aseguró, la denuncia oficial constituye “una violación a la libertad de expresión” y marca “un punto de quiebre” en la relación entre la prensa y el poder.
Por su parte, Federico rechazó cualquier vínculo con servicios de inteligencia o empresarios señalados: “Nunca negociamos información. Nuestro trabajo es construir noticias. No tengo nada que ocultar y hago bien mi laburo, por eso molestamos”.
Investigación judicial en marcha
En paralelo, el fiscal federal Carlos Stornelli decidió abrir una investigación en torno a la denuncia presentada por la Casa Rosada, que sostiene que existió una operación de espionaje ilegal con grabaciones de conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Stornelli remarcó que la pesquisa deberá avanzar sin violar el secreto profesional de los periodistas ni sus fuentes de información, en línea con la protección constitucional a la libertad de prensa.