Este jueves 11 de septiembre la Sala IV de la Cámara de Casación Penal llevará adelante una audiencia decisiva en el marco de la causa Vialidad, donde se analizará el monto del decomiso de bienes fijado a Cristina Fernández de Kirchner.
El eje de la discusión
El Tribunal Oral Federal 2 había establecido que el perjuicio económico al Estado ascendía a $685.000 millones, monto que la expresidenta debería devolver. Sin embargo, la defensa cuestiona ese cálculo y asegura que la suma no debería superar los $42.000 millones, en base a peritajes que tomaron la tasa pasiva del Banco Central en lugar del índice de inflación utilizado por el tribunal.
Además, Cristina sostiene que el proceso debería tramitarse en el fuero civil y comercial federal, y no en el penal.
Los jueces y las defensas
El debate estará a cargo de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que escucharán los argumentos de las defensas de la expresidenta y de Lázaro Báez, quien también cuestiona el decomiso por considerar que ya se encuentra bajo análisis en otra causa: la de la Ruta del Dinero K.
Condena firme y bienes en la mira
La Corte Suprema dejó firme en junio la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta. A partir de esa decisión, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola trabajan en la identificación de propiedades que podrían ser decomisadas:
- Inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires 🏙️
- Departamentos en el complejo Madero Center
- Más de 20 propiedades en el sur del país 🏔️
Algunos de esos bienes se encuentran embargados en la causa Hotesur – Los Sauces, lo que abre una disputa jurídica sobre su destino.
Posibles destinos de los bienes
Según una acordada de la Corte Suprema, los inmuebles decomisados podrían:
- Ser subastados para recuperar fondos.
- Ser cedidos a provincias, municipios o entidades sociales para programas de educación, salud, asistencia a víctimas o contención comunitaria.
Lo que viene
Tras escuchar a las partes, la Cámara de Casación tendrá 5 días hábiles para resolver sobre los recursos presentados. La definición será clave para determinar cuánto dinero deberá restituir la expresidenta y qué ocurrirá con las propiedades bajo investigación.