Legisladores de los bloques de Unión por la Patria y Coherencia presentaron un pedido formal para expulsar al diputado José Luis Espert de la Cámara de Diputados, invocando el artículo 66 de la Constitución Nacional. Argumentan que el legislador estaría afectado por una “inhabilidad moral sobreviniente”, tras trascender su posible relación con el empresario Antonio “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y fraude.
Reclamos en el Congreso
En el escrito dirigido a la presidencia de la Cámara, los impulsores del pedido sostienen que los hechos conocidos —transferencias económicas y vínculos societarios con empresas asociadas a Machado— comprometen la honorabilidad del cuerpo legislativo. Por eso solicitan que se evalúe su exclusión para preservar el decoro institucional.
Además del pedido de expulsión, algunos diputados reclamaron que Espert deje de presidir la Comisión de Presupuesto, un área clave en el tratamiento del proyecto de gastos para 2026.
Los puntos de la acusación
Según la denuncia, Espert habría recibido una transferencia de USD 200.000 a través de un fideicomiso compartido con Machado y otros socios. También se mencionan vuelos privados y el uso de recursos financieros presuntamente vinculados a campañas políticas.
Por su parte, el legislador negó cualquier relación irregular y aseguró no haber tenido conocimiento de los antecedentes del empresario. Calificó las acusaciones como una “operación política” que busca dañarlo en plena campaña electoral.
Debate abierto
Quienes promueven la expulsión advierten que la sola vinculación de Espert con un entramado financiero bajo sospecha representa una gravedad institucional que exige una respuesta del Parlamento. Sostienen que mantenerlo en la Cámara afecta la confianza de la ciudadanía en el Poder Legislativo.
Qué puede pasar ahora
Para que la expulsión prospere se requiere el voto de dos tercios del recinto. Mientras tanto, el debate se intensifica: sectores del liberalismo defienden a Espert y piden cautela hasta que la justicia avance, mientras que otros espacios lo presionan para que renuncie o entregue su banca voluntariamente.