Una vecina de La Plata, identificada como Agustina V., lleva más de tres años denunciando a su expareja, Lautaro De Luca, a quien acusa de reiterados episodios de violencia de género, hostigamiento y amenazas. Según su testimonio, el calvario comenzó en 2021 y desde entonces asegura no haber recibido una respuesta efectiva por parte de la Justicia, más allá de medidas cautelares que no lograron frenar los hechos.
La mujer relató que en abril de 2024 su vehículo fue destruido con un hacha frente a su domicilio. Cuando la policía intervino en el lugar, el acusado escapó por los techos y nunca quedó detenido. “Después de eso el acoso siguió, en redes sociales y en mi casa. Tuve que instalar cámaras de seguridad. Pedí la tobillera dual dos veces, pero tanto el juzgado como la fiscalía me la negaron”, señaló.
Además, denunció que De Luca hostigó a amigas y familiares difundiendo material íntimo que, según afirmó, solo él poseía.
Sospechas de abuso y nuevas denuncias
En febrero de 2025, la denunciante llevó a su hija menor de edad al Hospital de Niños de La Plata por una sospecha de abuso intrafamiliar. El caso derivó en intervención del área de Salud Mental y en mayo, tras tres consultas con el grupo especializado GIASIA, recibió una confirmación clínica sobre lo relatado.
La madre radicó una denuncia formal, pero aseguró que “hasta el día de hoy solo tengo una medida cautelar, no hay avances concretos en la causa”. La menor fue dada de alta de Salud Mental porque no presentaba trauma físico, lo que según la denunciante “no significa que no haya existido abuso, sino que él no utilizó violencia física directa contra ella”.
El pasado 6 de octubre, el Juzgado fijó una fecha para la intervención del Cuerpo Técnico Auxiliar, aunque la audiencia fue postergada para el 31 de octubre.
Antecedentes y reclamos
Según consta en distintas actas judiciales, De Luca cuenta con un extenso prontuario que incluye antecedentes por venta de estupefacientes, tentativa de homicidio y lesiones graves, además de varias detenciones y causas abiertas.
“Todos en el barrio Altos de San Lorenzo lo conocen como ‘Mirlo’. Estuvo vinculado a grupos narcos y tiene contactos con la policía y la DDI. No entiendo cómo sigue libre a pesar de todas las denuncias”, afirmó Agustina.
Intervención judicial
Las causas se tramitan en el Juzgado de Familia N°5 de La Plata y en distintas fiscalías de la ciudad. Hasta el momento, se dictaron medidas de restricción y prohibición de acercamiento, pero la denunciante reclama que se garantice la protección integral tanto para ella como para su hija.
“Yo vengo pidiendo ayuda desde 2021 y lo único que recibí fueron medidas cautelares que él incumple todo el tiempo. Lo que quiero es que alguien nos proteja de verdad”, expresó.