El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF, presentó un pedido formal ante la Justicia de Estados Unidos para que el país sea declarado en desacato y reciba sanciones.
La solicitud fue elevada ante la jueza Loretta Preska, quien dictó la sentencia original, y se basa en la presunta falta de colaboración del Estado argentino en la entrega de información requerida durante el proceso judicial, en particular comunicaciones de funcionarios actuales y del gobierno anterior.
Desde Burford sostienen que la Argentina no cumplió plenamente con el proceso de discovery, al no aportar correos electrónicos y mensajes que consideran clave para avanzar en la causa. En ese marco, el fondo pidió una serie de medidas, entre ellas sanciones económicas, multas diarias y que se presuma que la documentación no entregada sería desfavorable para el país.
En respuesta, la defensa del Estado, a cargo de la Procuración del Tesoro, rechazó las acusaciones y afirmó que la Argentina cumplió con las órdenes judiciales, aportando más de 113.000 páginas de documentos y testimonios de funcionarios. Además, sostuvo que el pedido de Burford es desproporcionado e intrusivo, y forma parte de una estrategia para presionar al país en el marco del litigio.
Según explicaron desde el Gobierno, la legislación estadounidense solo obliga a entregar documentación que esté bajo posesión, custodia o control del Estado, y remarcaron que las comunicaciones personales de los funcionarios no se encuentran bajo ese criterio, además de estar protegidas por leyes locales de privacidad.
El conflicto se inscribe en una causa de largo recorrido, que continúa en etapa de apelación. Sin embargo, como las sentencias en Estados Unidos pueden ejecutarse mientras se revisan en instancias superiores, Burford intenta avanzar en el cobro y ampliar las posibilidades de embargo sobre activos argentinos.
Desde distintos sectores advirtieron que un eventual fallo de desacato podría tener impacto negativo en la imagen financiera del país, especialmente en un contexto en el que la Argentina busca recuperar el acceso a los mercados internacionales y atraer inversiones.
Por el momento, la jueza Preska deberá evaluar los argumentos de ambas partes. Según el cronograma judicial, no se esperan definiciones sobre este pedido antes de fines de marzo.