El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, ratificó que el Gobierno nacional impulsará la baja de la edad de imputabilidad como parte de la reforma integral del Código Penal. Según afirmó, se trata de una definición política que responde a un “mandato claro” expresado por la ciudadanía en las urnas.
El legislador aseguró que la iniciativa forma parte de la agenda central del oficialismo y se enmarca en la política de “tolerancia cero” frente al delito que sostiene la administración del presidente Javier Milei. “Los argentinos nos dieron un mensaje contundente para avanzar sobre los temas de fondo”, sostuvo Menem, al justificar el impulso de la reforma.
A través de un mensaje en la red social X, el titular de la Cámara baja remarcó que el objetivo es garantizar que quienes cometan delitos enfrenten consecuencias penales, sin “medias tintas”. En ese sentido, anticipó que durante 2026 el Congreso debatirá la modificación del régimen penal juvenil dentro del tratamiento de la reforma del Código Penal.
Antecedentes y respaldo político
La discusión por la Ley Penal Juvenil no es nueva. El propio Milei había solicitado su tratamiento durante la apertura de sesiones ordinarias del año pasado. En ese entonces, el proyecto proponía reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para delitos graves, con un tope de 15 años de pena, priorizando además sanciones alternativas como tareas comunitarias y medidas de reparación.
La iniciativa había logrado dictamen con el respaldo de diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre.
Por su parte, la entonces ministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich ya había expresado públicamente su apoyo a la reforma, señalando casos de delitos graves cometidos por menores y cuestionando la falta de consecuencias penales bajo el régimen vigente.
Aunque el proyecto fue incluido inicialmente en el pedido de sesiones extraordinarias, finalmente no formó parte del temario de febrero. Sin embargo, desde el oficialismo confirmaron que el debate volverá a instalarse en el Congreso como uno de los ejes de la reforma penal impulsada por el Gobierno nacional.