La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de amnistía general destinado a personas detenidas por razones políticas, en un contexto marcado por fuertes presiones internacionales y reclamos por derechos humanos.
El anuncio fue realizado durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, donde la mandataria afirmó que la iniciativa busca “favorecer la convivencia” y llamó a dejar atrás escenarios de violencia y confrontación. Según indicó, la propuesta ya fue discutida previamente dentro del oficialismo y podría ser tratada en los primeros días de febrero.
En el mismo acto, Rodríguez informó que El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos del aparato represivo del chavismo, dejará de funcionar como cárcel y será reconvertido en un espacio de servicios sociales y actividades deportivas. El edificio, ubicado en Caracas, es sede histórica de organismos de inteligencia.
La presidenta encargada aclaró que la amnistía no alcanzará a personas condenadas por delitos graves como homicidio, narcotráfico o hechos comunes, y adelantó que el Ejecutivo avanzará en una revisión interna del sistema judicial, aunque sin precisar plazos ni mecanismos concretos.
El anuncio se produce mientras crecen las exigencias del gobierno de Estados Unidos para la liberación de presos políticos. El presidente Donald Trump condicionó avances diplomáticos a gestos concretos del régimen venezolano, en tanto funcionarios estadounidenses señalaron que las excarcelaciones forman parte de un proceso de transición aún inconcluso.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos advierten que muchas de las liberaciones registradas en las últimas semanas incluyen restricciones, como prohibiciones para declarar públicamente o utilizar redes sociales. También persisten reclamos por ciudadanos extranjeros detenidos en el país, entre ellos argentinos, cuyos familiares solicitaron la intervención de organismos internacionales.
Aunque el oficialismo presenta la iniciativa como un gesto de apertura, distintos sectores mantienen reservas sobre el alcance real de la medida y su impacto efectivo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.