Una organización criminal que realizaba extorsiones desde unidades penitenciarias bonaerenses fue desarticulada en las últimas horas tras una investigación federal que permitió esclarecer la muerte del soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, ocurrida en diciembre de 2025 en la Quinta Presidencial de Olivos. Hay siete personas detenidas, cuatro mujeres y tres hombres, que quedaron incomunicadas y a disposición de la Justicia.
Según informó la Policía Federal Argentina, parte de la banda operaba desde los penales de Magdalena y Olmos, en La Plata, donde los internos se comunicaban con las víctimas mediante teléfonos celulares. La causa es investigada por el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.
La pesquisa se inició tras la muerte del granadero Gómez, de 21 años, hallado sin vida en una garita de vigilancia. Si bien las pericias determinaron que presentaba una herida compatible con un disparo autoinfligido, el análisis de su teléfono celular y una carta manuscrita revelaron que atravesaba una grave situación económica producto de extorsiones previas.
A partir de escuchas telefónicas y del análisis de comunicaciones, los investigadores establecieron que la banda utilizaba un modus operandi sistemático: captaban víctimas a través de aplicaciones de citas con perfiles falsos, simulaban la participación de una menor de edad y luego se hacían pasar por policías para exigir dinero a cambio de no iniciar causas judiciales. La maniobra coincidía con la sufrida por el soldado y permitió identificar otras víctimas.
Como resultado de los allanamientos, fueron detenidos Tomás Matías Francavilla y Mauricio José Duarte Areco, señalados como cabecillas y alojados en la Unidad Penal N.º 36 de Magdalena; Kevin Manuel Sandoval, detenido en la Unidad Penal N.º 26 de Olmos; y las mujeres Iara Ayelén Cosentino, Karen Yael Cufré, Camila Alejandra Moscato y Érica Yamila Torres, quienes cumplían el rol de recaudadoras del dinero extorsionado.
Durante los operativos se secuestraron más de 20 celulares, tablets, notebooks, documentación, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes, un revólver calibre .22 con municiones y una motocicleta BMW con pedido de secuestro.
La investigación permitió identificar tanto a los internos que ejecutaban las extorsiones desde prisión como a quienes administraban el dinero en el exterior. Todos los imputados quedaron detenidos e incomunicados, mientras la causa continúa bajo la órbita de la Justicia federal.