La Justicia de La Plata avanza en una causa que apunta a una supuesta banda acusada de ofrecer vacantes inexistentes en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Decenas de personas denunciaron haber sido reclutadas bajo una propuesta laboral que, con el tiempo, resultó ser completamente falsa.
Según los testimonios, la convocatoria estaba encabezada por una mujer identificada como Macarena Mercedes Sánchez, quien se presentaba como responsable de un área del organismo. En redes sociales mostraba fotos con uniforme penitenciario y difundía imágenes en lo que aparentaba ser una oficina oficial, aunque luego se determinó que no pertenecería al SPB.
Para “avanzar” en el supuesto ingreso, a los aspirantes les exigían presentar documentación personal —DNI, CUIL, certificados de estudios, antecedentes penales y partida de nacimiento, entre otros datos sensibles—. Además, debían cumplir con trabajos prácticos, asistir a reuniones virtuales obligatorias y realizar entrenamientos físicos en espacios públicos, como el Parque San Martín.
Los denunciantes señalaron que el proceso incluía consignas estrictas, plazos y evaluaciones, lo que reforzaba la apariencia de un procedimiento formal. En total, habría al menos 132 postulantes involucrados y varios de ellos llegaron a renunciar a sus empleos convencidos de que su incorporación al SPB era inminente.
En la causa también fueron mencionadas otras tres personas: Mauro Paz, Ezequiel Papeti —quien se presentaba como instructor— y Jonathan García, que decía ser oficial penitenciario. Según los damnificados, todos participaban activamente en las actividades y manejaban información privada de los aspirantes.
La investigación está en manos de la Fiscalía Nº 8 de La Plata, a cargo del fiscal Martín Almirón, bajo la figura provisoria de presunta estafa y posible uso indebido de cargos públicos. La denuncia fue radicada en la DDI local.
Por el momento, no se confirmó si hubo pagos de dinero, aunque la Justicia no descarta que puedan surgir nuevos elementos a partir del análisis de los teléfonos celulares secuestrados. De esos peritajes podrían desprenderse chats, transferencias u otras pruebas que permitan determinar el alcance de la maniobra.
La causa continúa abierta y las personas señaladas ya están identificadas. Desde el entorno de los denunciantes remarcaron que decidieron hacer pública la situación para advertir a otros y evitar que más personas caigan en engaños similares.