El Senado tendrá hoy una jornada determinante al tratar dos proyectos centrales para el Gobierno nacional: la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Con el cierre del período de sesiones extraordinarias, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para convertir ambas iniciativas en ley.
La Libertad Avanza buscará sostener la mayoría que logró el pasado 12 de febrero, cuando la Cámara Alta aprobó en general la reforma laboral por 42 votos afirmativos contra 30 negativos. El texto que llega al recinto es el que fue modificado en Diputados, donde se eliminó el artículo 44 vinculado a las licencias médicas por enfermedades no laborales. Con ese cambio, los trabajadores continuarán percibiendo el 100% de sus haberes ante este tipo de situaciones, punto que aparece como uno de los ejes del debate.
El oficialismo contará con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, mientras que el interbloque peronista adelantó su rechazo, pese a la reciente salida de la senadora jujeña Carolina Moisés, quien conformó el bloque Convicción Federal junto a otros dos legisladores.
Desde el espacio libertario sostienen que la reforma apunta a fomentar la inversión, reducir la informalidad —que alcanza a millones de trabajadores— y generar nuevas oportunidades laborales. En cambio, desde el justicialismo advierten que el proyecto implica un retroceso en derechos adquiridos y cuestionan su impacto sobre quienes dependen de un salario.
En paralelo, la CGT confirmó que no se movilizará al Congreso durante el debate, aunque anticipó que recurrirá a la Justicia para impugnar la norma si es aprobada. Por su parte, sectores sindicales más duros, como ATE y agrupaciones afines al kirchnerismo, convocaron a manifestarse frente al Parlamento.
Baja de la edad de imputabilidad
El otro punto clave de la sesión es el Régimen Penal Juvenil, que ya cuenta con media sanción de Diputados, donde fue aprobado por 149 votos contra 100. El proyecto propone que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser penalmente responsables por delitos graves.
La iniciativa está organizada en once capítulos y establece principios como legalidad, proporcionalidad, especialización y carácter excepcional de la privación de la libertad. La prisión será considerada la última instancia y deberá cumplirse en establecimientos específicos, separados de los adultos, con control judicial permanente.
Además, se fija una pena máxima de hasta 15 años para delitos como homicidios, robos agravados, abusos sexuales o secuestros. Para condenas menores a diez años, se contemplan medidas alternativas como tareas comunitarias, monitoreo electrónico, restricciones de acercamiento, reparación del daño o prohibiciones específicas.
El proyecto también incorpora un reconocimiento formal a las víctimas dentro del proceso penal juvenil, garantizando su derecho a recibir información, asistencia jurídica y psicológica, y a participar en distintas instancias del procedimiento.
Con ambos temas en agenda, el Senado se prepara para una sesión de alto impacto político que podría marcar el rumbo legislativo del oficialismo para 2026.