El Banco Nación volvió a quedar en el centro de la escena política luego de resolver cambios en la reglamentación vinculada al otorgamiento de créditos hipotecarios, en medio del escándalo por los préstamos millonarios que recibieron funcionarios y dirigentes oficialistas. Distintos medios nacionales informaron que la entidad eliminó de la Reglamentación 802 el apartado que incluía de manera expresa a personas con “cargos políticos designados por resolución o electivos” dentro del universo de beneficiarios posibles.
La controversia se desató en los últimos días, cuando trascendió que un grupo de funcionarios y legisladores había accedido a créditos hipotecarios del banco público por montos muy elevados, en algunos casos cercanos a los 340.000 dólares, lo que generó fuertes críticas por un eventual trato privilegiado en un contexto en el que gran parte de la población tiene serias dificultades para llegar a la vivienda propia. Entre los nombres mencionados en distintas publicaciones aparecieron asesores, secretarios y directores vinculados al área económica del Gobierno nacional.
El foco de los cuestionamientos no estuvo solo puesto en los montos, sino también en las condiciones de acceso. Según las denuncias y los informes periodísticos que tomaron estado público, la línea hipotecaria contemplaba tasas competitivas y plazos extensos, lo que alimentó sospechas sobre la utilización de herramientas del Estado por parte de dirigentes con capacidad de influencia política. A eso se sumó la discusión sobre si los beneficiarios reunían o no las condiciones patrimoniales y de estabilidad de ingresos necesarias para este tipo de financiamiento.
La norma bajo la lupa había sido incorporada en 2024, durante la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman al frente de la entidad, y ampliaba de manera explícita el alcance de los potenciales tomadores de créditos. Tras la difusión del caso y la repercusión pública, el Banco Nación avanzó con una nueva circular que, de acuerdo con esas versiones, quitó esa referencia puntual a los cargos políticos.
Sin embargo, horas más tarde, el propio Banco Nación buscó bajar el tono de la polémica con una aclaración pública. Desde la entidad aseguraron que “no modificó ningún criterio de elegibilidad” para otorgar créditos hipotecarios, que no cambió “ningún régimen de otorgamiento” y que tampoco excluyó “a ningún grupo” de clientes. En esa misma línea, el banco sostuvo que el proceso de evaluación es homogéneo y que no hubo excepciones ni acomodos para los funcionarios señalados.
La defensa oficial también había aparecido en los primeros días del escándalo. Tanto el Banco Nación como referentes del Gobierno insistieron en que los préstamos no tuvieron nada de ilegal y que respondieron a las mismas líneas disponibles para otros usuarios que pudieran acreditar ingresos y pasar los filtros crediticios. Javier Milei, incluso, salió a respaldar públicamente a los funcionarios involucrados, aunque la presión política y social no dejó de crecer.
En paralelo, sectores de la oposición impulsaron denuncias y pedidos de explicaciones para determinar si existió abuso de poder, conflicto de intereses o un uso indebido de beneficios financieros desde posiciones de gobierno. El caso abrió además un debate más amplio sobre los privilegios en el acceso al crédito en la banca pública, justo cuando el mercado hipotecario sigue siendo inaccesible para buena parte de los trabajadores argentinos.
Por ahora, la discusión sigue abierta. Mientras una parte de la información periodística señala que el banco retrocedió con una cláusula especialmente sensible de su reglamentación, la versión oficial intenta instalar que no hubo cambios de fondo y que las condiciones de acceso permanecen intactas. En ese escenario, el escándalo no solo golpea al Banco Nación, sino que vuelve a poner bajo examen la relación entre la función pública, los beneficios estatales y la transparencia en la gestión.