La investigación judicial que tiene en la mira al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumará en las próximas horas una instancia clave con la declaración de dos de las mujeres que aparecen vinculadas al financiamiento de una de sus compras inmobiliarias. Se trata de una mujer y su hija, que deberán presentarse este lunes en Comodoro Py en el marco de una causa que busca reconstruir el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones patrimoniales del funcionario.
Según surge del expediente, ambas figuran como acreedoras de un préstamo en dólares que habría sido utilizado por Adorni para avanzar en la compra de un departamento. La Justicia intenta establecer si ese dinero realmente existió, si las personas que aparecen como prestamistas tenían capacidad económica para otorgarlo y si toda la operatoria se corresponde con los ingresos y el patrimonio declarados oficialmente.
Uno de los puntos que concentra la atención de la fiscalía es un crédito de 100.000 dólares que habría estado respaldado por una hipoteca sobre un inmueble ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. A partir de esa operación, los investigadores buscan seguir el recorrido del dinero, conocer el marco en el que se pactó el acuerdo y determinar si los datos aportados hasta ahora resultan compatibles con la situación patrimonial de las involucradas.
Para eso, se dispusieron distintas medidas de prueba, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y pedidos de información patrimonial. La intención es contar con documentación concreta que permita verificar si quienes figuran como acreedoras podían efectivamente respaldar una operación de ese volumen y si existe una justificación clara sobre el origen de los fondos.
Las testimoniales de este lunes no serán las únicas. El jueves está prevista la declaración de otras dos mujeres relacionadas con otra operación inmobiliaria también bajo análisis. En ese caso, aparecen como vendedoras de un departamento en Caballito que habría sido adquirido por Adorni mediante un esquema que incluyó un pago inicial de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares a cancelar en el plazo de un año, sin intereses. Esa modalidad también despertó dudas en la fiscalía, que intenta establecer si se trató de una operatoria habitual o de un mecanismo irregular.
En paralelo, la causa ya sumó otras medidas orientadas a revisar en profundidad la evolución patrimonial del funcionario. En la pesquisa se analizan gastos en dólares, movimientos vinculados a propiedades y distintos consumos personales, con el objetivo de contrastarlos con los ingresos que figuran en sus declaraciones.
Además, la Justicia también puso la lupa sobre la estructura de financiamiento elegida para concretar las operaciones inmobiliarias, especialmente por la utilización de acuerdos entre privados con condiciones que no serían habituales dentro del mercado. Ese aspecto es considerado central para determinar si existieron inconsistencias o maniobras que ameriten un mayor avance de la investigación.
El expediente se inició a partir de una denuncia que planteó presuntas irregularidades en las declaraciones juradas de Adorni. Desde su entorno, en tanto, rechazaron las acusaciones y sostienen que la situación patrimonial del funcionario podrá ser aclarada con documentación oficial y con el desarrollo del proceso judicial.
Con este nuevo tramo de testimonios, la causa entra en una etapa sensible. La fiscalía busca reunir elementos que permitan confirmar o descartar si el dinero consignado en las operaciones tuvo un respaldo real o si, por el contrario, existieron inconsistencias que compliquen aún más la situación del jefe de Gabinete.