El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, envió una intimación formal a los rectores de las universidades nacionales para que informen en un plazo de 48 horas qué medidas están adoptando para garantizar la continuidad de las clases en medio de los paros docentes y no docentes.
El documento, firmado por el subsecretario Alejandro Álvarez, solicita a las casas de estudio un informe detallado sobre los planes de contingencia implementados para asegurar el cumplimiento del calendario académico, así como las acciones destinadas a mantener abiertos los edificios y permitir el acceso a docentes y alumnos que no adhieran a las medidas de fuerza.
Además, se exige detallar las alternativas pedagógicas adoptadas —como herramientas virtuales o reprogramaciones— con el objetivo de evitar que los estudiantes pierdan la regularidad o sus instancias de evaluación por causas ajenas a su voluntad.
En la fundamentación, el Gobierno sostiene que el derecho a la educación tiene jerarquía constitucional y que debe armonizarse con el derecho a huelga, remarcando que las medidas de fuerza no pueden anular el derecho de enseñar y aprender. También señala que la educación superior constituye un servicio público que debe prestarse de manera continua, regular e ininterrumpida.
El texto advierte que la falta de cumplimiento en la remisión de la información solicitada o la omisión en la protección del derecho a la educación podrá derivar en acciones administrativas y judiciales. En ese sentido, se menciona la posible intervención de organismos de control como la SIGEN y la Auditoría General de la Nación.
Asimismo, el documento establece que el incumplimiento de lo requerido podría habilitar la revisión de la asignación, ejecución o transferencia de recursos presupuestarios nacionales, al considerar que estos fondos están condicionados al cumplimiento de los fines educativos.
La intimación se da en un contexto de fuerte conflicto en el sistema universitario, con paros y reclamos por presupuesto y salarios, y abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y las autoridades académicas.