El Gobierno nacional comenzó a mover sus piezas de cara al armado electoral de 2027, en paralelo a las negociaciones por la reforma política y la posible eliminación de las PASO. En ese escenario, Karina Milei, Diego Santilli y Eduardo Menem iniciaron una ronda de conversaciones con gobernadores de distintas provincias para explorar futuros acuerdos con La Libertad Avanza.
Aunque todavía falta para la próxima elección presidencial, en la Casa Rosada ya miran el mapa territorial y analizan vínculos con más de una decena de distritos. La estrategia combina el intento de ampliar presencia violeta en todo el país con la necesidad de sostener alianzas pragmáticas en provincias donde el oficialismo necesita respaldo político y legislativo.
Dentro de ese esquema aparecen gobernadores con los que LLA ya compartió frentes electorales en 2025, mandatarios que mantuvieron autonomía pero acompañaron reformas en el Congreso y otros dirigentes provinciales con una relación más tensa, aunque sin ruptura definitiva con el Gobierno.
Entre los aliados más cercanos figuran Mendoza, Entre Ríos y Chaco, encabezadas por Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero. En las últimas semanas, los tres pasaron por la Casa Rosada para avanzar en la continuidad de los entendimientos políticos que ya habían sido construidos durante el año pasado.
Otro grupo incluye provincias gobernadas por el peronismo, exdirigentes de Juntos por el Cambio y fuerzas provinciales. Allí aparecen Tucumán, Catamarca, Salta, Corrientes, Jujuy, San Juan, San Luis y Misiones. Uno de los primeros en ser recibido en Balcarce 50 fue el salteño Gustavo Sáenz, quien se reunió con Santilli y Karina Milei.
En un plano más complejo se ubican Santa Fe, Córdoba y Chubut, distritos que podrían exigir mayores condiciones antes de sellar cualquier acuerdo con La Libertad Avanza. Varios de esos gobernadores coincidieron con los enviados del oficialismo durante el lanzamiento de la mesa federal minera en San Juan.
La decisión de adelantar las conversaciones electorales no solo responde al armado de 2027, sino también a una necesidad inmediata: conseguir votos para avanzar con la eliminación de las PASO. Con reparos del PRO y la UCR, el Gobierno considera clave el apoyo de los gobernadores para intentar aprobar uno de los puntos centrales de su reforma electoral.