La Justicia federal avanzó con nuevas medidas en la investigación que apunta a conocer el vínculo comercial entre la consultora +BE, perteneciente a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, y distintas empresas que mantienen contrataciones con el Estado nacional.
El juez federal Ariel Lijo solicitó información a tres firmas para que detallen las operaciones y facturaciones realizadas con la compañía de coaching. El objetivo es establecer qué servicios fueron prestados, en qué condiciones y si esas contrataciones pudieron formar parte de una maniobra irregular vinculada a fondos públicos.
Las empresas alcanzadas por el pedido judicial son Datco, National Shipping y Foggia Group. Todas deberán remitir documentación sobre sus vínculos comerciales con +BE y explicar el alcance de los servicios contratados.
De acuerdo con la investigación, Datco registra contrataciones con organismos y empresas estatales como ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas; National Shipping aparece vinculada a YPF; y Foggia Group está relacionado con la concesión de Tecnópolis.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, que pidió investigar si la consultora de Angeletti fue beneficiada de manera indebida mediante contratos de asesoramiento con proveedores del Estado. Una de las hipótesis bajo análisis es si esas adjudicaciones pudieron haber sido utilizadas para generar un esquema de retornos.
Además de requerir información a las empresas, Lijo pidió intervención a la Inspección General de Justicia (IGJ) para identificar a los beneficiarios finales de las contrataciones y remitir los legajos societarios correspondientes.
También se solicitó a la Jefatura de Gabinete, mediante la Oficina Nacional de Contrataciones, que informe si las tres compañías investigadas son contratistas habituales del Estado y que aporte la documentación vinculada a sus procesos de adjudicación.
El expediente se tramita en paralelo a otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, donde se analizan movimientos patrimoniales, operaciones financieras y la compra y remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
En esa causa, la Justicia también dispuso el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA respecto del jefe de Gabinete y su esposa, con el fin de avanzar en el cruce de información sobre ingresos declarados, bienes y movimientos de fondos.
Por el momento, la investigación vinculada a la consultora de Angeletti se encuentra en una etapa preliminar. Hasta ahora no hay imputaciones formales ni procesamientos, aunque los posibles delitos bajo análisis incluyen fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.