El uso de celulares dentro de las cárceles bonaerenses volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia, luego de que fiscales y jueces advirtieran sobre el crecimiento de estafas, extorsiones y otros delitos cometidos desde los penales.
La situación tiene su origen en una autorización dispuesta durante la pandemia, cuando se permitió que los internos utilizaran teléfonos para evitar el aislamiento extremo. Sin embargo, seis años después, esa medida excepcional se transformó en una problemática estructural: actualmente se estima que hay cerca de 60 mil líneas activas dentro de unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.
Según señalaron referentes judiciales, desde las celdas se llevan adelante maniobras delictivas que van desde engaños telefónicos hasta extorsiones. El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari explicó que en los pabellones se secuestran teléfonos obtenidos tanto de manera legal como ilegal, y que muchos son utilizados para hacerse pasar por representantes de empresas o autoridades.
Uno de los casos que expuso con mayor crudeza el problema fue el de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado de 21 años oriundo de Formosa que cumplía funciones en la Quinta Presidencial de Olivos y fue hallado muerto el 16 de diciembre de 2025.
De acuerdo con la investigación, el joven había sido víctima de una extorsión sexual. Quienes lo contactaron lo amenazaban con iniciarle una causa y le exigían dinero para evitarlo. Según la causa, llegó a realizar al menos cuatro pagos por una suma cercana a 1,4 millones de pesos.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado determinó que la maniobra habría sido realizada por internos alojados en el penal de Magdalena y remarcó que, sin acceso a celulares, una extorsión de esas características no podría haberse concretado del mismo modo.
El permiso para usar teléfonos en cárceles bonaerenses fue dispuesto el 30 de marzo de 2020 por el Tribunal de Casación Penal provincial, en pleno contexto de emergencia sanitaria. La finalidad era garantizar el contacto de los detenidos con sus familias, pero con el paso del tiempo el uso de dispositivos se extendió más allá de aquel escenario excepcional.
La preocupación judicial también apunta al ingreso clandestino de teléfonos. El ex titular del Servicio Penitenciario Federal, Miguel Perrota, advirtió que existe una economía paralela alrededor de esos dispositivos y aseguró que ingresar un celular a una cárcel común puede costar entre 1 y 2 millones de pesos, mientras que en penales de máxima seguridad la cifra podría trepar hasta 10 mil dólares.
Frente a este panorama, jueces y fiscales reclamaron medidas concretas para limitar el uso indiscriminado de celulares en las cárceles. Entre las alternativas mencionadas figuran la creación de unidades de aislamiento para detenidos de alto perfil, mayores controles y cambios normativos que contemplen no solo la privación de la libertad física, sino también restricciones sobre la comunicación digital cuando se utiliza para delinquir.
Para los investigadores, el problema ya no pasa por determinar si los delitos se cometen desde las cárceles, sino por definir qué medidas se tomarán para impedir que esa modalidad siga creciendo.