Una ciudadana colombiana de 42 años fue trasladada desde Argentina a su país de origen para enfrentar cargos por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y financiamiento de actividades vinculadas al terrorismo.
La mujer era requerida por la Justicia de Colombia, que la investiga por supuestos vínculos con el Frente de Guerra Oriental (FGO), una organización señalada por distintos delitos, entre ellos secuestros y atentados.
De acuerdo con la investigación, la acusada habría participado en una estructura dedicada a introducir dinero proveniente del narcotráfico en circuitos legales mediante empresas utilizadas como pantalla para realizar operaciones financieras.
Sobre ella pesaba una notificación roja de Interpol emitida en 2025. A partir de ese pedido internacional, la Policía Federal Argentina inició una investigación que permitió localizarla en una vivienda de San Antonio de Areco, donde finalmente fue detenida.
Tras completarse el proceso judicial correspondiente y concretarse el pedido formal de extradición, una comisión policial colombiana viajó a la Argentina para recibir a la detenida y trasladarla a Colombia, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales de ese país.
El operativo fue coordinado por la Policía Federal Argentina en conjunto con organismos judiciales y de cooperación internacional.