El Ejecutivo nacional busca profundizar las conversaciones con Washington para obtener respaldo técnico y financiero destinado a la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que considera estratégico para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar la logística vinculada con la Antártida.
La iniciativa se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Defensa y apunta a ampliar las capacidades operativas de la Armada, fortalecer el apoyo a las campañas antárticas y consolidar una infraestructura de relevancia en una región clave por su cercanía con las Islas Malvinas.
Desde la Casa Rosada aseguran que todavía no existe un acuerdo cerrado, aunque pretenden acelerar las gestiones antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos. La preocupación oficial pasa por la posibilidad de que un cambio en la composición del Congreso altere las condiciones políticas para la administración de Donald Trump.
El esquema que analiza el Gobierno no contempla la instalación de una base estadounidense en territorio argentino. La intención sería avanzar con un modelo de cooperación que incluya asistencia especializada, intercambio de conocimientos y eventuales líneas de financiamiento para agilizar la obra.
Además de su dimensión militar, el proyecto tiene un fuerte interés geopolítico. La administración nacional busca posicionar a Ushuaia como un nodo central para las operaciones antárticas y mejorar su capacidad frente a otros puertos de la región que también compiten por ese rol logístico.
En los últimos meses, el vínculo bilateral en materia de defensa y seguridad se intensificó mediante ejercicios conjuntos, programas de asistencia, intercambio de equipamiento y otras acciones de cooperación.
Pese a esos avances, aún no fue definido el mecanismo de financiamiento ni existe un convenio firmado. Por ese motivo, las negociaciones continúan abiertas y podrían formar parte de una eventual nueva visita de Javier Milei a Estados Unidos durante el segundo semestre.
El Gobierno remarca que la base permanecerá bajo control argentino, aunque admite que la participación de un país extranjero en su desarrollo podría generar cuestionamientos políticos y debate en el Congreso.