El Ejecutivo prepara un proyecto de más de 300 artículos que propone cambios en actividades como el mercado inmobiliario, las farmacias, las librerías, el gas envasado, la producción agropecuaria y la navegación. La iniciativa, elaborada por el área que conduce Federico Sturzenegger, comenzó a circular durante el fin de semana y retoma el enfoque de otras reformas impulsadas por el Gobierno.
Entre los puntos principales, el texto elimina la obligatoriedad de contar con matrícula y título universitario para ejercer como corredor inmobiliario. De aprobarse, podrían desarrollar esa actividad personas humanas o jurídicas que sean mayores de edad y tengan estudios secundarios completos.
En el caso del gas envasado, el Estado dejaría de intervenir en precios, cantidades, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales, y limitaría su función al control de aspectos vinculados con la seguridad técnica.
El proyecto también plantea que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse en supermercados, kioscos y otros establecimientos habilitados. Además, las farmacias podrían adoptar cualquier forma jurídica y definir sus horarios sin restricciones específicas.
Otra de las modificaciones previstas es la eliminación del precio uniforme de los libros, una norma que actualmente limita los descuentos para proteger a las librerías más pequeñas. También se propone derogar la obligación de doblar al castellano películas, series y publicidades extranjeras emitidas por televisión.
En materia agropecuaria, la iniciativa busca dejar sin efecto la ley de arrendamientos rurales, por lo que propietarios y productores podrían pactar libremente precios, plazos y condiciones dentro del marco del Código Civil y Comercial. A su vez, se quitaría la exigencia de fabricar en el país determinados productos veterinarios importados después de cuatro años de su autorización.
Por último, el proyecto abriría el transporte marítimo y fluvial interno a embarcaciones con bandera extranjera, con una incorporación progresiva de trabajadores argentinos. También flexibilizaría la contratación laboral a bordo y reconocería legalmente los conocimientos de embarque electrónicos.