La defensa de Cristina Fernández de Kirchner incorporó al abogado brasileño Rafael Valim para avanzar con presentaciones ante tribunales y organismos internacionales, luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad.
Valim es especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos, y mantiene vínculos profesionales con el entorno jurídico del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Su participación estará centrada en la preparación de los planteos con los que buscarán cuestionar fuera del país la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
El letrado trabajará junto al español Javier Borrego, exintegrante del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos formarán parte del equipo encargado de diseñar la estrategia que la defensa pretende llevar ante instancias internacionales.
Con más de 20 años de experiencia académica y profesional, Valim es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y cuenta con antecedentes en litigios relacionados con la protección de derechos fundamentales.
En declaraciones a medios brasileños, adelantó que la estrategia será presentada oficialmente en Buenos Aires durante los próximos días. Según sostuvo, la defensa planteará que durante el proceso judicial se produjeron vulneraciones de derechos humanos, argumento que será utilizado en las futuras presentaciones.
Valim también participó en la publicación del libro Lawfare: una introducción, escrito junto a Cristiano Zanin, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula da Silva, y Valeska Teixeira Zanin Martins.
La incorporación se conoce en momentos en que la defensa de la exmandataria profundiza sus acciones judiciales tras la confirmación definitiva del fallo. Recientemente, la Corte también desestimó los recursos presentados para frenar la actualización del decomiso establecido en el expediente.
De esta manera, quedó firme la obligación de devolver al Estado $685.000 millones, monto determinado por la Justicia como perjuicio económico derivado de las maniobras investigadas.
Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además de la pena de prisión y la inhabilitación perpetua, la sentencia ordenó el decomiso de bienes, decisión ratificada por todas las instancias judiciales nacionales y que ahora su defensa intentará discutir en el ámbito internacional.