La defensa de Cristina Kirchner llevará su caso al ámbito internacional mediante una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El objetivo será que ese organismo examine si, durante el proceso judicial por la causa Vialidad, se afectaron garantías reconocidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La iniciativa comenzará con una Comunicación Individual y forma parte de la estrategia jurídica que la expresidenta puso en marcha luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
El planteo estará centrado en supuestas vulneraciones al derecho de defensa, al debido proceso y a la imparcialidad de los tribunales que intervinieron. Los abogados buscarán que el Comité determine si el Estado argentino incumplió compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El equipo encabezado por Carlos Beraldi incorporó para esta instancia al jurista brasileño Rafael Valim, quien participó en la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva durante el caso Lava Jato. También se sumó el exmagistrado español Javier Borrego, con trayectoria en organismos europeos vinculados a la protección de derechos fundamentales.
Entre los antecedentes que la defensa considera relevantes aparece el caso de Lula. En 2022, el Comité de Derechos Humanos concluyó que el proceso seguido contra el actual presidente de Brasil había afectado garantías relacionadas con el debido proceso. La representación legal de Kirchner pretende que ese pronunciamiento sea contemplado al analizar su presentación.
Antes de estudiar el contenido del reclamo, el organismo deberá resolver si la comunicación cumple con los requisitos de admisibilidad. En caso afirmativo, podrá requerir explicaciones al Estado argentino y avanzar posteriormente con la evaluación de fondo.
Una eventual resolución del Comité no tendría facultades para anular la sentencia dictada por la Justicia nacional. Sin embargo, sí podría emitir una conclusión internacional sobre el respeto de las obligaciones asumidas por Argentina en los tratados de derechos humanos.
En una columna publicada en el diario español El País, Kirchner sostuvo que su situación judicial no debe interpretarse únicamente como un conflicto personal, sino como un debate que también involucra la calidad institucional y el funcionamiento democrático.
La exmandataria afirmó que la democracia requiere algo más que la realización periódica de elecciones y remarcó la necesidad de contar con instituciones que protejan de manera efectiva los derechos ciudadanos. En ese marco, cuestionó el accionar de la Justicia cuando, según su postura, deja de cumplir un rol de garantía y pasa a formar parte de la disputa política.
También aseguró haber atravesado un proceso marcado por decisiones incompatibles con las reglas del debido proceso y vinculó parte del trato recibido con prácticas de machismo estructural dentro del sistema judicial. Además, mencionó el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022 y advirtió sobre las consecuencias de la violencia política para la convivencia democrática.
Kirchner sostuvo que la condena y la inhabilitación no solo repercuten sobre sus derechos, sino también sobre los de quienes la eligieron. A su entender, impedir de manera permanente la participación electoral de un dirigente mediante una decisión judicial puede generar un deterioro en la representación política.
La expresidenta explicó que decidió recurrir al Comité de la ONU porque considera que la discusión supera las fronteras del país. Según señaló, no busca un beneficio excepcional, sino que el expediente sea revisado a la luz de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Finalmente, ratificó que continuará defendiendo su inocencia a través de todos los mecanismos disponibles dentro del Estado de derecho y afirmó que la defensa de las garantías judiciales no se limita a su caso, sino que constituye una cuestión relevante para toda la sociedad.