El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que amplía las causas para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros que difundan mensajes de odio, impulsen hechos de violencia o fomenten actos discriminatorios contra argentinos por su nacionalidad.
La medida fue oficializada mediante el decreto 681/2026 y también contempla sanciones para quienes participen o alienten acciones consideradas ofensivas contra los símbolos patrios nacionales.
La normativa modifica la Ley de Migraciones e incorpora estas conductas entre los motivos por los cuales una persona puede ser rechazada en la frontera, perder su residencia o recibir una orden para abandonar el territorio argentino.
Según el texto, las restricciones alcanzan tanto a expresiones orales como escritas que inciten a la hostilidad contra el país, su población o ciudadanos argentinos. Sin embargo, aclara que no se incluirán las críticas políticas, académicas, ideológicas o ciudadanas realizadas dentro del ejercicio legítimo de los derechos constitucionales.
Desde el Gobierno justificaron la decisión por el aumento de manifestaciones que consideran hostiles hacia la Argentina, su cultura y su identidad nacional. Además, señalaron que estas conductas podrían afectar la convivencia social y representar un riesgo para la población.
En el caso de extranjeros que ya residan en el país, las autoridades podrán cancelarles la residencia y ordenar su salida. Para adoptar esa decisión deberán analizarse las circunstancias particulares y personales de cada caso.