Rafael Vadim, integrante del equipo internacional que representa a Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que el Estado argentino tendrá la obligación de cumplir cualquier resolución que adopte el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la presentación realizada por la expresidenta.
El jurista explicó que una eventual decisión del organismo no se aplicaría de forma automática en el país, sino que debería ser instrumentada por las autoridades y los tribunales locales.
Vadim trabaja en la estrategia internacional junto con el abogado español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos intervienen en el reclamo presentado para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad.
Según afirmó, las determinaciones del Comité de Derechos Humanos son obligatorias para la Argentina por los compromisos internacionales asumidos por el país.
“El Poder Judicial argentino recibirá esa decisión y tendrá que adoptar las medidas necesarias para implementarla”, explicó al referirse al procedimiento que, desde la mirada de la defensa, debería seguirse.
El pedido para suspender la inhabilitación
La defensa solicitó que el organismo internacional dicte una medida provisional para dejar en suspenso la inhabilitación perpetua que le impide a Cristina Kirchner ejercer cargos públicos mientras se analiza el planteo de fondo.
Vadim señaló que, si el Comité concede esa cautelar, el Estado deberá tomar decisiones internas para hacerla efectiva. Aclaró que no se trataría de una intervención extranjera sobre la Justicia argentina, sino de la aplicación de tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución Nacional.
El abogado indicó que el organismo no realizará un nuevo juicio ni revisará nuevamente toda la prueba, sino que evaluará si durante el proceso se respetaron las garantías del debido proceso.
También cuestionó la duración de la sanción política y sostuvo que una inhabilitación perpetua contradice antecedentes del sistema internacional de derechos humanos.
La postura de la defensa sobre la condena
Vadim afirmó que analizó el expediente completo de la causa Vialidad y aseguró que, a su entender, no existen pruebas suficientes para condenar a la expresidenta.
Cristina Kirchner recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 consideró probado que durante sus gobiernos existió una maniobra para favorecer a empresas vinculadas con Lázaro Báez mediante contratos de obra pública en Santa Cruz.
La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el último recurso presentado por la defensa.