La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó que continúa plenamente vigente la medida cautelar que ordena al Estado nacional asignar los recursos necesarios para las universidades públicas. La decisión alcanza la actualización de los salarios docentes y no docentes, además de la recomposición de becas y programas destinados a estudiantes.
El tribunal consideró que el planteo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional para cuestionar la suspensión de la cautelar perdió actualidad, debido a que la Corte Suprema ya había rechazado el recurso extraordinario impulsado por el Gobierno. De esta manera, desapareció el argumento jurídico que impedía ejecutar la medida.
La Sala III remitió nuevamente el expediente al juzgado de primera instancia para que avance con su cumplimiento. Mientras se resuelve la cuestión de fondo, la cautelar no podrá volver a quedar suspendida.
El conflicto judicial comenzó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de distintos puntos de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025.
La norma había sido vetada por el Gobierno, pero posteriormente fue ratificada por ambas cámaras legislativas. Entre sus disposiciones contempla mecanismos de actualización salarial y una recomposición de las partidas destinadas a becas, incluido el programa Progresar.
Frente a las demoras en su implementación, el Consejo Interuniversitario Nacional y organizaciones sindicales del sector promovieron una acción de amparo colectivo para exigir el cumplimiento de la ley.
El antecedente de la Corte Suprema
En junio, el máximo tribunal rechazó la presentación realizada por el Ejecutivo y dejó firme la aplicación provisoria de dos artículos centrales de la Ley 27.795.
La resolución sostuvo la obligación de actualizar los ingresos del personal universitario y fortalecer los programas de asistencia estudiantil mientras continúa el trámite judicial.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en el expediente iniciado contra el decreto que había intentado limitar la aplicación de esos puntos.
Previamente, el Gobierno había acordado transferir recursos adicionales para salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. Sin embargo, representantes del sistema universitario señalaron que esos montos continuaban por debajo de lo establecido por la legislación vigente.
Con el expediente nuevamente en primera instancia, la Justicia deberá avanzar ahora en la ejecución de la cautelar y posteriormente resolver el planteo de fondo sobre la aplicación integral de la ley.