La Unidad de Información Financiera solicitó penas de seis años de cárcel para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, en el juicio por el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.
La investigación analiza el funcionamiento del programa Sueños Compartidos, administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo entre 2005 y 2011. Según la acusación, parte del dinero público girado para las obras habría sido canalizado mediante adjudicaciones directas y derivado hacia empresas vinculadas con intereses particulares.
Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, la UIF atribuyó a De Vido, López y Fatala el delito de administración fraudulenta agravada por haber perjudicado al Estado. Además de los seis años de prisión, pidió que sean inhabilitados de manera permanente para ejercer cargos públicos.
Para Sergio y Pablo Schoklender, señalados como partícipes necesarios por su intervención en la administración de la Fundación, también reclamó una condena de seis años.
En tanto, para Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, vinculados con organismos de Santiago del Estero, la querella solicitó cuatro años de cárcel al considerarlos partícipes secundarios de la presunta maniobra.
La representante de la UIF sostuvo que las pruebas permitirían demostrar la intervención de cada acusado en un esquema que habría facilitado la adjudicación de obras sin controles suficientes y el envío de fondos hacia sociedades sin actividad real.
De acuerdo con el planteo presentado, el perjuicio económico habría alcanzado los 206 millones de pesos a valores históricos, una cifra equivalente al 23,4% del total transferido para el programa. La acusación afirmó además que numerosos proyectos quedaron inconclusos, abandonados o con graves problemas estructurales.
Sobre De Vido, la querella afirmó que habría brindado el respaldo institucional necesario para implementar el sistema. A López le atribuyó la autorización de pagos sin las auditorías correspondientes, mientras que a Fatala lo responsabilizó por aprobar expedientes que presuntamente no reunían los requisitos exigidos y por no aplicar sanciones ante los incumplimientos.
Respecto de los hermanos Schoklender, la UIF señaló que Sergio habría firmado los acuerdos que permitieron recibir los fondos públicos y que Pablo habría participado en la operatoria financiera mediante la cual los cheques terminaron en compañías relacionadas con ellos.
El Tribunal Oral Federal N.º 5 continuará escuchando los alegatos de las defensas hasta finales de agosto. De acuerdo con el cronograma previsto, el veredicto podría conocerse durante septiembre.