La defensa de Manuel Adorni pidió una prórroga para presentar la documentación y las explicaciones requeridas por la Justicia en la causa en la que se analiza la evolución de su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti.
El planteo fue presentado luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita elaborara un cuestionario de 20 puntos destinado a esclarecer una serie de movimientos patrimoniales que, hasta el momento, no cuentan con una justificación considerada suficiente dentro del expediente.
El requerimiento había sido formulado el 10 de agosto y establecía un plazo de 15 días, que vence este miércoles 26. Ahora, la defensa pretende extender o suspender ese período para poder acceder previamente a documentación incorporada a la investigación.
Entre los elementos que busca revisar aparece información vinculada con el teléfono de Matías Tabar, contratista que realizó trabajos en una propiedad de la familia ubicada en el country Indio Cuá. La Justicia deberá resolver si concede el pedido.
La investigación reconstruyó ingresos, gastos, bienes, inversiones, deudas y operaciones financieras desde diciembre de 2023. Según los datos incorporados a la causa, Adorni y Angeletti registraron ingresos por $229.752.283,20, mientras que sus gastos alcanzaron los $272.820.832,20, lo que representa una diferencia superior a los $43 millones.
Además, la Fiscalía puso el foco en movimientos y desembolsos por US$402.578,12, cuyo origen deberá ser explicado mediante documentación respaldatoria.
Entre las cuestiones incluidas en el cuestionario aparecen el origen de dólares declarados en efectivo, préstamos familiares, la compra de una camioneta Jeep y la adquisición del lote 380 en Indio Cuá.
También se solicitaron precisiones sobre los fondos utilizados para remodelar la vivienda ubicada en ese country. El contratista declaró haber recibido US$245.000 por esos trabajos.
Otro de los puntos analizados corresponde a un departamento situado en Miró al 550, en Caballito, junto con los recursos destinados a su compra, reformas y equipamiento.
La Fiscalía también pidió aclaraciones sobre gastos realizados en efectivo, movimientos bancarios, consumos efectuados con tarjetas de terceros y distintos comprobantes y facturas registrados ante ARCA.
Las operaciones con criptomonedas forman parte de la investigación. Adorni declaró haber contado con aproximadamente US$200.000 antes de ingresar a la función pública, utilizados posteriormente para comprar Bitcoin, inversión con la que habría obtenido una ganancia cercana a los US$300.000. El fiscal busca determinar el origen del capital inicial y reconstruir esas operaciones.
Una vez que se presenten las respuestas y la documentación, Pollicita deberá analizar si las diferencias detectadas quedan justificadas o si corresponde disponer nuevas medidas dentro de la causa.
Por el momento, la Justicia deberá resolver primero si acepta la prórroga solicitada por la defensa de Adorni.