El salario mínimo volvió a niveles de 2002 y quedó 12% por debajo del promedio de los años ’90

Un informe de CEPA advirtió que el poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil atraviesa uno de sus peores momentos desde la salida de la convertibilidad. Desde noviembre de 2023 acumula una caída real del 40,8%.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) volvió a ubicarse en niveles de poder de compra comparables con los de abril de 2002, en plena crisis posterior al fin de la convertibilidad. Así lo indicó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analizó la evolución real del ingreso mínimo y su relación con distintos períodos históricos.

Según el trabajo, el valor actual del salario mínimo se encuentra 12,3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990, una comparación que expone el fuerte deterioro acumulado en los últimos años.

El estudio también remarca que el ingreso mínimo quedó muy cerca del piso histórico de la serie. En valores actualizados, se ubica apenas $73.702 por encima del mínimo registrado en abril de 2003, que equivaldría hoy a $310.098. La diferencia representa solo un 23,8% respecto de aquel nivel.

Muy lejos del máximo histórico

La comparación con los mejores registros también muestra una brecha considerable.

De acuerdo con CEPA, para recuperar el poder adquisitivo alcanzado en septiembre de 2011, cuando el salario mínimo llegó a su punto más alto en términos reales, debería alcanzar hoy aproximadamente $1.158.888.

Eso implica que el valor vigente se encuentra 66,9% por debajo de aquel máximo y necesitaría una suba del 201,4% para volver a ese nivel.

Una pérdida del 40,8% desde fines de 2023

El informe señala que el deterioro se profundizó desde finales de 2023. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, el SMVM perdió 40,8% de su capacidad de compra en términos reales.

Para recuperar únicamente el poder adquisitivo promedio que tenía durante 2023, según el mismo análisis, sería necesaria una recomposición del 70,7%, equivalente a unos $271.315 adicionales a valores de septiembre de 2026.

CEPA también puso el foco en las decisiones adoptadas dentro del Consejo del Salario. Según el organismo, desde el inicio de la actual gestión nacional las definiciones oficiales terminaron ubicando el salario mínimo en valores cercanos a las propuestas realizadas por las cámaras empresariales, sin acompañar los pedidos de recomposición impulsados por las centrales sindicales.

Esa dinámica, de acuerdo con el informe, se repitió en distintas instancias de negociación durante 2024, 2025 y nuevamente en septiembre de 2026.

El salario mínimo llegará a $436.982 en abril de 2027

En la última discusión, los gremios plantearon llevar el ingreso mínimo a $993.000 para diciembre, tomando como referencia la Canasta Básica Total elaborada por el INDEC.

Sin embargo, la decisión oficial estableció incrementos mensuales de entre 1,7% y 1,9%, con un esquema que llevará el SMVM a $436.982 en abril de 2027.

La diferencia entre ambas propuestas volvió a mostrar la distancia entre los reclamos sindicales y el sendero de actualización finalmente dispuesto.

Tarifas y transporte crecieron muy por encima del ingreso mínimo

El estudio también comparó la evolución del salario con distintos gastos básicos.

Mientras el SMVM aumentó nominalmente alrededor de 158%, varios servicios y tarifas registraron subas muy superiores durante el mismo período.

Según los datos relevados por CEPA, el boleto de subte acumuló un incremento del 2.005%, el colectivo del 1.510%, el tren del 1.090%, las tarifas de electricidad y gas del 856% y la nafta súper del 631%.

La diferencia refleja una pérdida significativa de capacidad de compra para quienes perciben el salario mínimo o tienen ingresos informales.

Un valor que también impacta en otras prestaciones

El Salario Mínimo, Vital y Móvil no funciona únicamente como referencia para los trabajadores registrados.

También influye en distintos cálculos vinculados con prestaciones sociales y laborales y puede utilizarse como parámetro en casos de cuota alimentaria cuando quien debe abonarla no cuenta con empleo registrado.

Por ese motivo, el deterioro de su poder adquisitivo tiene consecuencias que van más allá del ingreso mensual y alcanza a otros sectores de la economía familiar.