Detuvieron a una pareja investigada por una millonaria estafa con autos de alta gama

Una pareja fue detenida en Pilar en el marco de una causa por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la venta de vehículos de lujo. La investigación reúne cerca de 20 denuncias de compradores que aseguran haber pagado por autos que nunca recibieron.

Los acusados fueron identificados por sus iniciales como C. A. G., de 42 años, y C. K. C., de 44, quienes serían responsables de una concesionaria ubicada sobre la colectora de la Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5.

La causa está a cargo del fiscal Andrés Quintana, titular de la UFI N° 2 de Pilar, y fue caratulada como “estafa y asociación ilícita”. Las detenciones fueron realizadas por efectivos de la SubDDI Pilar en un barrio privado ubicado sobre la Ruta 8.

El expediente comenzó a tomar fuerza luego de una presentación de la Defensoría del Pueblo de Pilar y Autopistas del Sol, que apuntaba inicialmente a distintas agencias instaladas en terrenos linderos a la autopista pertenecientes a Vialidad Nacional.

Con el avance de la investigación, la concesionaria vinculada a la pareja quedó bajo la lupa por la cantidad de reclamos de clientes. Según las denuncias, varias personas habrían entregado importantes sumas de dinero, dólares e incluso otros vehículos como parte de pago, sin recibir posteriormente las unidades acordadas.

A fines de mayo, la Policía Bonaerense realizó una serie de allanamientos que terminaron con el secuestro de 19 autos de alta gama. Todos quedaron a disposición de la Justicia y fueron valuados en aproximadamente 1.229.200 dólares.

Las medidas habían sido autorizadas por el Juzgado de Garantías N° 6 de San Isidro. Tras los procedimientos, el comercio quedó cerrado mientras continuaban sumándose presentaciones de supuestos damnificados.

Uno de los detenidos, C. A. G., ya contaba además con antecedentes judiciales. Durante 2025 había sido procesado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay en una causa por desobediencia a funcionario público, donde también se había ordenado un embargo de 300 millones de pesos sobre sus bienes.

La investigación continúa para determinar el alcance de las presuntas estafas y establecer si existen más personas afectadas o involucradas en las maniobras.