El contratista Matías Tabar, encargado de las refacciones realizadas en la vivienda de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, volvió a cuestionar públicamente al exjefe de Gabinete y aseguró que recibió pagos en dólares billete. Al referirse a la explicación patrimonial presentada por Adorni ante la Justicia, lanzó: “Es un cabeza de termo”. Tabar sostiene que las obras alcanzaron aproximadamente los US$245.000 y afirma contar con documentación de los trabajos y haber declarado esos ingresos ante ARCA.
La versión del contratista difiere de la presentada por la defensa de Adorni. En un escrito de 78 páginas, el exfuncionario sostuvo que los pagos que pudieron reconstruirse por las reformas fueron por alrededor de US$175.000 y cuestionó distintos aspectos de las planillas y comprobantes aportados por Tabar. Su defensa señaló diferencias entre montos, trabajos sin fecha, facturas emitidas a nombre del propio contratista y materiales destinados a otros domicilios.
Adorni también explicó ante la Justicia que buena parte de sus ahorros provenían de operaciones con Bitcoin realizadas antes de ingresar a la función pública. Según su presentación, ocho billeteras vinculadas a esas inversiones habrían generado unos US$591.544 luego de la venta de las criptomonedas entre 2017 y 2018. El exfuncionario sostuvo que una parte de esos dólares permaneció guardada en efectivo y posteriormente fue utilizada para distintas operaciones y gastos.
La explicación ahora será analizada dentro de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según informó TN, la Fiscalía prevé solicitar una pericia sobre las ocho operaciones con criptomonedas presentadas por la defensa para determinar si la documentación permite respaldar el origen y recorrido de esos fondos.
En cuanto a la vivienda de Indio Cuá, también existe una diferencia concreta entre ambas partes: mientras Tabar mantiene que recibió alrededor de US$245.000, Adorni rechaza ese monto y afirma que el desembolso real rondó los US$175.000. Será la Justicia la que deberá evaluar la documentación presentada por cada parte y determinar si la evolución patrimonial quedó suficientemente justificada