El Gobierno nacional resolvió descontar la jornada a los trabajadores de la Administración Pública Nacional que adhieran al paro de 24 horas convocado por ATE para este jueves. Al mismo tiempo, abrió una instancia de negociación con el sistema universitario para intentar reducir otro foco de conflicto de cara al Presupuesto 2027.
La medida sindical incluirá una movilización al Congreso desde las 13.30 y tendrá como principal reclamo la derogación total del DNU 70/2023. Desde el Ejecutivo confirmaron que aplicarán el mismo criterio utilizado en protestas anteriores y descontarán el día a quienes participen de la huelga.
ATE anticipó que habrá guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en determinados centros de salud. También podrían registrarse complicaciones en organismos nacionales como Migraciones, Senasa, ANSES, PAMI, CNRT y ANAC, además de dependencias provinciales y municipales.
La protesta coincidirá con una nueva Marcha Federal Universitaria y con el intento de sectores opositores de avanzar en Diputados contra el DNU 70. En la Casa Rosada aseguran que, hasta ahora, la oposición no cuenta con los votos suficientes para garantizar el quórum.
Mientras mantiene una postura firme frente al paro estatal, el Ejecutivo busca acercar posiciones con las universidades. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,5 billones para el sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama una cifra cercana a los $11 billones.
El Gobierno admite que podría incrementar los recursos previstos, aunque descarta llegar al monto solicitado por las casas de estudio. La negociación también incluye aspectos salariales, tributarios y previsionales, además del esquema de contribuciones patronales que rige para las universidades nacionales.
Otro punto de discusión es la Ley de Financiamiento Universitario. La Justicia declaró inconstitucional una cláusula que condicionaba su aplicación a la disponibilidad presupuestaria y ordenó avanzar con su cumplimiento. El Gobierno apeló esa decisión y sostiene que ya implementó parte de las obligaciones previstas.
En junio, el Ejecutivo había acordado con el CIN y los gremios una recomposición del 24,33% de la masa salarial, una actualización del 20% para gastos de funcionamiento y un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios. También se incrementaron las becas Manuel Belgrano y posteriormente se otorgó una mejora salarial adicional.
Las diferencias, sin embargo, continúan. Desde el sector universitario calculan que todavía existe una brecha cercana al 30% entre los recursos ofrecidos y las necesidades planteadas para 2027.
La intención oficial es alcanzar un acuerdo que permita cerrar el conflicto antes del próximo año, aunque desde la Casa Rosada insisten en que cualquier incremento deberá mantenerse dentro del equilibrio fiscal y financiarse con recursos disponibles o reasignaciones presupuestarias.