La gestión de Javier Milei tiene pensado concretar la operación en marzo de 2025. Es parte del plan de reestructuración de empresas estatales, que incluye a Aerolíneas Argentinas y la Casa de Moneda.
El Gobierno nacional decidió avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con una fecha tentativa para marzo de 2025. Esta medida se enmarca en un plan de reestructuración de empresas estatales, que ya incluye a Aerolíneas Argentinas y la Casa de Moneda.
Según fuentes oficiales, la privatización podría implicar la venta de una parte del capital que actualmente pertenece al Estado, el cual controla el 90% de las acciones, mientras que el 10% restante está en manos del personal de la empresa.
Las alternativas en discusión son dos: una licitación pública nacional e internacional para que empresas interesadas adquieran AySA, o lanzar a la compañía a la Bolsa para que el mercado determine el valor de sus acciones.
Estas opciones están bajo evaluación, pero la administración de Javier Milei ya mostró claras señales de que el proceso privatizador es una prioridad. Desde los despachos del Poder Ejecutivo, indicaron que antes de cualquier venta, AySA deberá completar un ordenamiento interno para sanear sus finanzas.
AySA, una empresa con grandes pérdidas financieras
AySA no es una empresa pública más. Se trata de la quinta empresa estatal con peores resultados operativos en lo que va de 2024, acumulando pérdidas por $70 mil millones. Eso no es todo, en 2023, registró un déficit financiero de $384 mil millones, casi cuadruplicando de 2022, que fueron de $100 mil millones. Este deterioro financiero se debió principalmente a un fuerte incremento en inversiones de obra pública y una caída en los resultados operativos.
Desde la gestión de Javier Milei, apuntan a resolver estos problemas mediante un recorte significativo en la plantilla de empleados y una parálisis en gran parte de las obras públicas.
La administración de la empresa desvinculó a más de 1.300 trabajadores, lo que implicó un costo de $44,9 mil millones para el Estado. Sin embargo, según informes del Ministerio de Economía, hubo una “leve mejora” en el resultado financiero de la empresa en el primer semestre de 2024, lo que refleja un avance en la estrategia de ajuste.
Preocupación sindical
El sector sindical manifestó recientemente su preocupación por los trabajadores y el servicio que brinda AySA. Los representantes gremiales insistieron en mantener el 10% de las acciones en manos del personal, así como su participación en el directorio de la compañía.
En la misma línea, expresaron inquietudes sobre el futuro de los trabajadores y los posibles ajustes que un nuevo dueño podría aplicar, afectando tanto la estabilidad laboral como la calidad del servicio de agua, al que calificaron como un “derecho universal”.
AySA es responsable de grandes obras de infraestructura en el país, por lo que cualquier proceso de privatización tendrá un impacto significativo en el desarrollo de estos proyectos.
Según el Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, la compañía tiene a su cargo 1.464 obras, de las cuales cinco son catalogadas como “grandes obras” en Berazategui, Avellaneda, La Matanza y dos en Quilmes, con un total de $123.723 millones en pagos pendientes.
Un futuro incierto para AySA
El proceso de privatización de AySA marca un punto de inflexión en la política de empresas públicas de Argentina. A diferencia de Aerolíneas Argentinas, que aún debe esperar el tratamiento en el Congreso, AySA ya cuenta con el aval del Poder Legislativo para su posible venta o concesión. La situación financiera de la compañía y la creciente presión del gobierno por ajustar sus cuentas hacen que la operación parezca inminente.
Mientras tanto, los posibles interesados en adquirir AySA tendrán que analizar cuidadosamente no solo el estado financiero de la empresa, sino también su capacidad para continuar con las obras públicas en marcha y garantizar un servicio esencial como el agua potable. La decisión de la gestión libertaria es lanzar este proceso en marzo de 2025, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para una de las empresas estatales más grandes del país.