Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón, donde murieron 194 personas y miles resultaron heridas por el incendio del boliche en la zona porteña de Once, realizarán mañana una movilización hacia la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por el tratamiento legislativo de la ley de reparación integral.
«Es urgente el tratamiento y la aprobación de la ley. La actual está por vencerse, nuestros derechos no tienen más tiempo de espera», informaron desde el grupo «Unidad Cromañón», que contiene a distintos movimientos de familiares de las víctimas y de sobrevivientes del incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004.
La protesta está convocada para las 11 en la sede del Ejecutivo, en Uspallata 3150 del barrio de Parque Patricios, «para exigirle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que nos reciba para expresarle los aspectos fundamentales de nuestro legítimo reclamo y que puedan ser cubiertas las necesidades básicas de los sobrevivientes y los familiares de víctimas», dijeron los voceros del sector.
En rigor, en la ciudad de Buenos Aires está vigente, de manera parcial, una ley de reparación integral que fue sancionada en 2013 y refrendada en 2018 por la Legislatura, la cual estableció la obligatoriedad del Estado porteño de dar asistencia integral en materia de tratamientos médicos, salud mental y controles neumonológicos.
La ley, además, dispuso la entrega de un subsidio económico mensual y fijó la creación de una Comisión de Seguimiento de la aplicación del programa, la cual debe estar conformada por representantes de las organizaciones vinculadas a la tragedia, funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores porteños.
Según informaron a Télam desde «Unidad Cromañón», la norma solo se cumple respecto del subsidio mensual, mientras que los restantes artículos nunca fueron reglamentados por el Estado porteño.
Por ello, en mayo pasado, seis movimientos conformados por sobrevivientes y familiares se reunieron para analizar sus necesidades frente al cumplimiento parcial de la norma y ante el vencimiento de su validez, que concluirá en diciembre, tras lo cual elaboraron un proyecto de ley sobre el tema que fue presentado ante la Legislatura porteña.
A su vez, el Ejecutivo porteño tiene prevista el ingreso al Parlamento local una iniciativa tendiente a prorrogar la actual norma.