Los abogados que representan a la dirigente social Milagro Sala, al abogado Antonio Bellido y al empleado judicial Marcos Romero, acusados por la supuesta «sustracción y destrucción» de un expediente de la Justicia de Jujuy en diciembre del 2009, afirmaron hoy que el juicio oral que se les sigue “ha perdido objetividad” a raíz de «maniobras» del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en contra de sus defendidos y solicitaron al tribunal el apartamiento total de ese organismo.
Así lo manifestaron tras la reapertura del debate, que había sido suspendido por el Tribunal Criminal N°3 debido a que uno de sus integrantes, el juez Mario Puig, presentaba un problema de salud.
También por razones de salud se ausentó nuevamente el fiscal habilitado para este juicio, Darío Osinaga, y hoy concurrió en su lugar el fiscal Diego Funes, designado por el titular del MPA, Sergio Lello Sánchez.
En primer lugar, la defensa de Bellido -integrada por Juan Cabezas, Antonio Bellido, como codefensor y Julián Martín Palmieri- se opuso a la decisión del tribunal que preside María Nallar de suspender el debate dado que por «diversas acordadas y por la Constitución Nacional», es posible la conformación del mismo con dos miembros, según dijeron, pero el pedido fue rechazado y se mantendrá con la integración de tres jueces para reanudarse el 5 de septiembre próximo.
Por otro lado, el abogado Cabezas se refirió a la declaración del testigo Jorge Ruiz en la primera audiencia, en la que reveló que personas vinculadas con el MPA le propusieron «mejorar» su situación laboral a cambio de declarar «en contra de Bellido».
“Uno de sus empleados abogado y otro abogado particular han intentado fabricar una prueba en contra de mi cliente, lo cual evidencia una pérdida total y absoluta de objetividad”, expresó.
Por esa razón, solicitó que sea total el apartamiento del MPA de este debate y, en ese caso, según contempla el Código Proceso Penal de la provincia, cuando ocurre este tipo de revelaciones el tribunal debe «ordenar una instrucción suplementaria”.
Por su parte, el codefensor Palmieri relató que -tras la declaración testimonial de Ruiz- «al día siguiente, estuvo en fiscalía junto con un fiscal y un secretario reunido», hecho que consideraron «de gravedad institucional”, por lo que solicitó la «recusación absoluta del MPA», además de remarcar que «no existen garantías constitucionales» para Bellido.
Bellido, al pedir la palabra, indicó que entre las persecuciones que vienen denunciando, fue «avasallada por la policía» la propiedad del codefensor Palmieri mediante preguntas a la empleada sobre «asuntos familiares”.
Por su parte, Ariel Ruarte, de la defensa de Milagro Sala, quien estuvo presente en el juicio a través de una videoconferencia desde su domicilio, adhirió a la defensa técnica de Bellido respecto de la recusación del MPA y sostuvo el pedido de nulidad sobre la designación de Funes.
“Al haber sido denunciado (Sergio) Lello Sánchez por el testigo Ruiz ha perdido todo tipo de independencia y objetividad. No puede emitir ningún documento, ha sido nombrado de manera como que tiene interés en este proceso», expresó.
Bellido se encuentra acusado como supuesto autor de los delitos de «cohecho activo y sustracción de documento público, en concurso ideal con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real».
En el caso de Milagro Sala, se la juzga como supuesta «determinadora directa del delito de cohecho activo y de sustracción de documento público, en concurso ideal; con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real».
El tercer imputado es Marcos Romero, empleado judicial, como supuesto autor de los delitos de «cohecho pasivo y sustracción de documento público, en concurso ideal con el de sustracción o destrucción de documento, dos hechos en concurso real, en carácter de coautor y todo ello en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público».
De acuerdo al MPA, el hecho ocurrió en la mañana del 22 de diciembre de 2009, en la oficina del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº 3 – Secretaría Nº 6-, sito en Urquiza Nº 462, de la capital jujeña.
Según la acusación de la fiscalía, en circunstancias en que su compañero de oficina ya no estaba en el lugar, el imputado Marcos Romero, auxiliar administrativo, habría aprovechado que se hallaba solo para apoderarse ilegítimamente de dos expedientes.