La medida cautelar que suspendió la instalación de cámaras de vigilancia dentro de los establecimientos educativos porteños en 2011 «está firme», confirmó a Télam la jueza Elena Liberatori, autora del fallo.
La decisión suspendió la prestación del servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica, que había sido adjudicado por el Decreto Nº 216/11, firmado por el entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, y fue dispuesta en el marco de una acción de amparo iniciada por «un grupo de padres cuyos hijos asisten a establecimientos educativos de la Ciudad».
El Gobierno de la Ciudad desistió de la apelación y, con posterioridad, el mismo año, publicó la resolución N° 627-2011 del Ministerio de Justicia y Seguridad, a cargo por entonces de Guillermo Montenegro, por la cual resolvió «instruir a las empresas de seguridad -Murata S.A., Verini Security S.A., Yusión S.R.L, U.T.E., Briefing Security S.R.L. Impes U.T.E.; Comahue Seguridad Privada S.A; Líderes Consultores de Seguridad S.R.L- para que se abstengan de proceder a la instalación de cámaras de imagen en el interior de establecimientos educativos y/o cualquier otro donde pudieran resultar afectados los derechos a la intimidad y privacidad de niños, niñas y adolescentes».
«La resolución de Montenegro fue en función de lo resuelto por mi en la causa Doval», explicó la jueza titular del juzgado N°4 en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde los gremios docentes UTE y Ademys reforzaron el apoyo a la medida de no instalar cámaras dentro de las escuelas con el fin de proteger la intimidad.
«Los hechos -delictivos- no se resuelven con cámaras dentro de las escuelas, no nos parece adecuado porque es necesario proteger la intimidad de los niños, niñas y adolescentes y también de los adultos», consideró Amanda Martin, exlegisladora de la ciudad por el Frente de Izquierda que integró la Comisión de Educación en la Legislatura y actual secretaria gremial de la asociación docente Ademys.
En tanto, el secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Unión de Trabajadorxs de la Educación (UTE), Pablo Francisco, concluyó que: «No se puede poner cámaras dentro de las escuelas porque es necesario resguardar la intimidad del trabajo dentro del aula y también hay una cuestión del manejo de la información que es muy sensible».