Una investigación judicial derivada de las denuncias presentadas por personas privadas de su libertad puso en jaque a más de medio centenar de agentes del Servicio Penitenciario Federal. La Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento de 52 penitenciarios acusados de aplicar torturas durante una protesta en la cárcel de Ezeiza, ocurrida en junio de 2019.
El caso se originó luego de que los internos se manifestaran contra los cambios en el régimen de visitas. Según consta en la causa, la respuesta de los efectivos fue una requisa violenta con disparos de munición no letal, golpizas y el uso de gas lacrimógeno, incluso una vez finalizado el reclamo.
La Procuración Penitenciaria de la Nación, querellante en el proceso, detalló que las condiciones de detención posteriores agravaron aún más el cuadro: varios reclusos fueron confinados en celdas durante más de 20 horas al día, sin acceso regular a alimentos, agua, higiene ni atención médica. La situación se mantuvo hasta que el juez Gustavo Hornos, titular del Sistema de Control de Cárceles, visitó el penal el 13 de junio y fue abordado por los presos con pedidos urgentes de ayuda.
La Cámara ratificó los cargos por torturas, violación de deberes de funcionario público y falsificación de documentos. Entre los acusados se encuentran el jefe del penal, jefes de turno, agentes de requisa y de seguridad interna, además de integrantes de los grupos especiales GERI (Grupo Especial para la Resolución de Incidentes) y GOAS (Grupo Operativo Anti Siniestros).
En el fallo se advierte sobre el uso indebido de la fuerza: disparos realizados a corta distancia sin justificación, gases arrojados en espacios cerrados como celdas, y lesiones en al menos cinco internos que no fueron explicadas por los informes oficiales. Un caso particular fue el de la celda N°10, donde el gas lacrimógeno fue introducido incluso después de que ya había sido cerrada, a través de la mirilla y una ventana hacia el patio.
Con la confirmación de los procesamientos, el expediente avanza hacia la instancia de juicio oral, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa las prácticas represivas dentro del sistema penitenciario argentino.