La situación judicial del barrabrava y coductor gremial Iván Tobar dio un giro inesperado luego de que la Cámara Federal revocara una parte clave del procesamiento que pesaba en su contra. El líder de la Agrupación Azul y Blanca de la UOCRA quedó ahora más cerca de recuperar su libertad.
El fallo fue firmado por los jueces Jorge Eduardo Di Lorenzo y César Álvarez, quienes, tras analizar los recursos presentados por las defensas de Tobar, Jonatan Ruiz y Hugo Cisneros, decidieron quitar del expediente la figura de asociación ilícita, uno de los delitos más graves que se les imputaban. Los camaristas sostuvieron que no está acreditada la existencia de una organización delictiva con pluralidad de planes criminales, tal como exige el artículo 210 del Código Penal.
La decisión no solo beneficia al propio Tobar, sino también a los otros imputados en la causa por amenazas coactivas agravadas, que se originó tras la viralización de un video en el que un grupo armado y encapuchado lanzaba amenazas contra funcionarios judiciales, simulando ser parte del clan Medina, histórico rival de Tobar en la interna del gremio de la construcción.
En este contexto, uno de los involucrados quedó incluso a las puertas de la excarcelación, ya que se le concedió una calificación legal menor como partícipe secundario. Los jueces autorizaron al magistrado de primera instancia a otorgar su libertad bajo medidas restrictivas, siempre que no existan riesgos procesales graves.
Por otra parte, se recuerda que Tobar ya había sido beneficiado con la falta de mérito en la causa por el violento ataque de barrabravas ocurrido en el hospital de Gonnet el pasado 25 de marzo. Aunque esa decisión fue apelada por la fiscalía, en la práctica lo deja aún más fortalecido frente al expediente.
Desde el entorno del dirigente celebran este nuevo revés judicial como una señal favorable, mientras que desde el Ministerio Público aún analizan los próximos pasos. En tanto, la Justicia advirtió que las amenazas son consideradas hechos “particularmente graves” y remarcó la necesidad de proteger a los testigos que declararon bajo reserva de identidad.