El Tribunal Oral Federal N° 4 inició el proceso de incautación de bienes y activos pertenecientes a Lázaro Báez y su hijo, Martín Báez, valuados en más de 54 millones de dólares, como parte de la condena en la causa por lavado de dinero conocida como la “Ruta del dinero K”.
La medida, dispuesta por el magistrado Néstor Costabel, apunta a recuperar parte de los fondos que —según determinó la Justicia— provienen de maniobras de corrupción vinculadas a la obra pública. El fallo también contempla la ejecución de multas millonarias contra ambos condenados.
Patrimonio bajo la lupa
El relevamiento judicial identificó 440 inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, así como cuentas bancarias en el exterior y otros activos de gran valor. Según una tasación oficial realizada en 2017, el patrimonio total alcanzaba los 205 millones de dólares de entonces.
La resolución actual ordena el decomiso de USD 54,8 millones por el período de lavado de dinero comprendido entre 2010 y 2013. Como sanción adicional, Báez deberá pagar una multa equivalente al triple de ese monto, mientras que su hijo afrontará una penalización de siete veces la cifra blanqueada.
Bienes en el exterior y subastas
La incautación se extiende a depósitos en Suiza y Bahamas, donde se detectaron cuentas vinculadas a sociedades offshore. Además, se suman los fondos obtenidos por la subasta de dos aeronaves —un Rockwell Commander y un Learjet—, que ya fueron depositados en el Banco Nación.
Entre los bienes bajo custodia judicial figuran hoteles, estancias de miles de hectáreas, departamentos, maquinaria pesada, autos de colección y propiedades distribuidas en diversas provincias. Once de esos inmuebles están a nombre de Martín Báez.
Investigación y próximos pasos
El relevamiento patrimonial fue encabezado por el fiscal federal Guillermo Marijuán, con el apoyo del Cuerpo de Tasadores de la Nación. Las autoridades realizaron más de 300 procedimientos para identificar bienes registrados a nombre de Báez, sus allegados y empresas vinculadas.
Todos los activos fueron inscriptos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Comisados, bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia. Resta definir cómo se coordinarán estos decomisos con las medidas ordenadas en la causa Vialidad, que recientemente fue unificada con la sentencia de la “Ruta del dinero K”.