Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y envió la decisión al Congreso

El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que había sido aprobada en Diputados con amplia mayoría y que establecía la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y fondos para investigación, además de ordenar la reapertura de paritarias docentes y no docentes.

La Casa Rosada justificó la decisión al señalar que el costo fiscal era “inaceptable” y que la ley ponía en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas. Según estimaciones oficiales, su aplicación generaría un gasto superior a un billón de pesos en 2025, monto que —según el Gobierno— solo podría financiarse con emisión monetaria, con impacto inflacionario.

Argumentos del Gobierno

En el decreto de veto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo sostuvo que la iniciativa no cumplía con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que cree gastos especifique fuentes claras de financiamiento. Según el texto, las fuentes previstas eran “genéricas” y no garantizaban la disponibilidad real de recursos.

El debate en el Congreso

La medida ahora queda en manos del Parlamento, que podría insistir con la norma, aunque para eso necesita alcanzar los dos tercios de los votos en ambas cámaras, un número difícil de lograr. La oposición analiza convocar a una sesión especial la semana próxima para intentar rechazar el veto, aprovechando el escenario de debilidad política del oficialismo tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Precedentes y próximos pasos

No es la primera vez que Milei veta una ley vinculada al financiamiento universitario: ya lo había hecho el año pasado, con apoyo de un sector de la oposición. Además, la Casa Rosada anticipó que también vetará la emergencia en pediatría y el reparto automático de ATN, aunque esos decretos todavía no fueron enviados al Congreso.

La discusión promete abrir un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno, las universidades y los gremios docentes, que ya habían advertido sobre medidas de fuerza si se confirmaba el veto.