El Gobierno nacional confirmó que promulgará la ley de discapacidad, aprobada por amplia mayoría en el Congreso pese al veto del presidente Javier Milei, aunque anunció que su implementación será postergada hasta definir el financiamiento.
La postura oficial
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que el Poder Ejecutivo cumplirá con la promulgación de la norma, pero aclaró que la reglamentación quedará pendiente hasta determinar de dónde saldrán los recursos.
“El Congreso sanciona una ley y debe establecer de dónde salen los fondos. No se puede trasladar esa responsabilidad al Ejecutivo”, sostuvo Francos, quien advirtió: “¿A quién le sacamos para poner en discapacidad? ¿A los jubilados?”.
El respaldo parlamentario
La iniciativa fue impulsada por la oposición y contó con el apoyo de sectores que en otras votaciones se habían alineado con el oficialismo. En ambas cámaras legislativas, la insistencia alcanzó los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial, obligando al Gobierno a promulgar la norma.
El costo fiscal
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley podría implicar un incremento de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un gasto adicional estimado en entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI.
Además, se calculan $278.323 millones para la compensación de emergencia a prestadores y $7.160 millones destinados a talleres de producción.
Lo que viene
Si bien el Gobierno ya no tiene margen para desconocer la vigencia de la ley, la falta de reglamentación deja en suspenso su aplicación práctica. El debate ahora se traslada a cómo se financiará la medida, en medio de la crisis fiscal y de la tensión política entre la Casa Rosada y el Congreso.