La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto a los demás condenados en la causa Vialidad, deberá afrontar de manera solidaria el pago de 684.990.350.139,86 pesos como decomiso y pena accesoria por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Un fallo unánime
La decisión fue adoptada por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. En un fallo de 81 páginas, los magistrados validaron tanto el monto como la metodología de actualización, puntos que habían sido cuestionados por la defensa de la exmandataria.
De $84 mil millones a casi $685 mil millones
El decomiso había sido fijado inicialmente por el Tribunal Oral Federal N° 2 en 84.835 millones de pesos. Posteriormente, y tras la confirmación en instancias superiores, la Corte Suprema ratificó la sentencia en junio pasado.
Con la actualización aplicada por los peritos oficiales mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el monto trepó a casi 685 mil millones de pesos.
Los argumentos de la defensa
Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionaron la decisión al considerar que vulnera el derecho de defensa y que establece un trato desigual respecto de otros casos. Además, criticaron la elección del IPC como índice de actualización y tildaron la resolución de “arbitraria e infundada”. Según los letrados, lo que debía ser una estimación provisoria se transformó en un cálculo definitivo que no puede ser controvertido.
La postura de la fiscalía
En línea contraria, el fiscal general Mario Villar había solicitado ratificar el decomiso. Señaló que se trata de una pena accesoria vinculada al delito de administración fraudulenta, y remarcó que “la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes”.
Asimismo, defendió el uso del IPC al sostener que el tribunal fundamentó su decisión en informes periciales oficiales, y subrayó que ninguna de las partes impugnó de manera concreta la metodología utilizada.
Un contraste abismal
El perito de la defensa, José Lucas Gaincerain, había estimado que el monto debía rondar los 42.494 millones de pesos, apenas el 6% de lo finalmente ratificado por la Cámara de Casación.