La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió presentar una acción judicial contra el Gobierno nacional para que se ponga en marcha la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, una norma que fue promulgada por el Ejecutivo pero cuya aplicación se encuentra suspendida.
La decisión fue tomada por unanimidad del Consejo Superior de la casa de altos estudios, que aprobó una resolución reclamando la plena vigencia de la ley y la asignación urgente de los fondos necesarios para el sostenimiento del sistema universitario.
Desde la institución sostuvieron que el decreto firmado por el Poder Ejecutivo, que formaliza la promulgación pero postergó la ejecución de la norma hasta que se definan fuentes de financiamiento, “quiebra la voluntad del Congreso y altera el equilibrio republicano de poderes establecido por la Constitución Nacional”.
La UBA advirtió además que la falta de aplicación de la ley vulnera derechos constitucionales y agrava la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas.
“El sistema universitario enfrenta una crisis sin precedentes. Las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron desactualizadas frente a la inflación, y durante 2024 los salarios docentes y no docentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo”, señalaron desde la institución.
La resolución del Consejo Superior subraya que la no ejecución de la ley impide acceder a los fondos previstos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas, lo que representa “un ataque directo a la Universidad Pública Argentina”.
Finalmente, la UBA instó al Poder Ejecutivo a cumplir con las obligaciones constitucionales y legales vigentes y a garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades nacionales en todo el país.