Tras el resultado favorable en las elecciones, el Gobierno nacional reactivó el debate sobre la reforma laboral. El proyecto, impulsado por la diputada Romina Diez y respaldado por legisladores de distintos bloques, lleva el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y apunta a modernizar las condiciones de trabajo y estimular la contratación en el sector privado.
La propuesta, que había sido analizada previamente en el Consejo de Mayo, incluye cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo y otros regímenes laborales. Entre los puntos más destacados figuran la ampliación de la jornada laboral, mayor flexibilidad en los convenios, la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas y la implementación de bonos fiscales para empresas que incorporen nuevos empleados.
Según el texto, la iniciativa busca “actualizar el marco normativo para generar empleo formal y competitivo”, permitiendo a los empleadores ajustar modalidades y formas de trabajo siempre que no afecten derechos esenciales del trabajador. Si se vulneran esos límites, el empleado podrá considerarse despedido sin causa.
📌 Cambios principales
- Se redefine el principio de irrenunciabilidad y se amplían las facultades del empleador.
- Se autoriza el pago de sueldos en efectivo, cheque o transferencia, con recibos digitales.
- Se introduce mayor flexibilidad en las vacaciones, que podrán dividirse en períodos de al menos una semana.
- Los cónyuges que trabajen en la misma empresa podrán coordinar sus licencias al mismo tiempo.
- Se actualizan las licencias por enfermedad y maternidad, y se garantiza un año de estabilidad tras la recuperación.
- Se limita la tasa de interés en juicios laborales y se habilita a las pymes a abonar indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales.
El proyecto también define nuevas pautas para beneficios no remunerativos, como la entrega de útiles escolares, comidas o cobertura de servicios de internet, y establece un sistema de control médico a cargo de la Secretaría de Trabajo para evitar abusos en las licencias.
Otro eje importante es el esquema de incentivos al empleo: las empresas que generen nuevos puestos podrán acceder a créditos fiscales por 12 meses, con porcentajes variables según su tamaño —100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes—.
La iniciativa excluye al sector de casas particulares y turismo del régimen agropecuario, pero mantiene la responsabilidad solidaria para las empresas que tercericen tareas.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza y otros espacios aliados, entre ellos Lilia Lemoine, José Luis Espert, Gabriel Bornoroni, Lorena Villaverde, Nicolás Mayoraz y Bertie Benegas Lynch.
De avanzar en el Congreso, la reforma marcaría uno de los primeros pasos del Gobierno en su plan para “actualizar el modelo laboral argentino” y adaptarlo a las nuevas formas de producción y contratación.