Tras avanzar con el decomiso de los bienes registrados directamente a nombre de los condenados en la Causa Vialidad, la Justicia federal se prepara para una nueva etapa del proceso: ahora se evalúa incluir inmuebles administrados por sociedades anónimas, entre ellos el departamento ubicado en San José 1111, actual domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, donde cumple prisión domiciliaria.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola trabajan en un segundo listado de bienes que planean presentar ante el tribunal. Allí incluirían el departamento del barrio de Constitución, adquirido en 2010 por la familia Kirchner por una cifra cercana a 370 mil dólares, pero formalmente inscripto a nombre de la firma Hotesur.
La defensa de la exmandataria sostiene que el inmueble no puede ser incorporado al proceso de incautación debido a que fue cedido a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. No obstante, la fiscalía insistiría en que el departamento habría sido adquirido con fondos originados en maniobras ilícitas, por lo que corresponde el decomiso.
La estrategia judicial avanza luego de que en la primera instancia se priorizaran los bienes directamente asociados a los imputados. Ahora, con el foco puesto en propiedades manejadas por sociedades, la Justicia busca ampliar el universo patrimonial a revisar.
El fallo que ordenó el decomiso remarcó que, en el caso de quienes fueron encontrados culpables, corresponde recuperar los activos obtenidos como producto del delito. El objetivo —señaló la resolución— es evitar que los condenados conserven beneficios derivados de hechos de corrupción y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de recuperación de bienes.
La medida también abarca propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez y otros condenados, cuyas titularidades quedaron bajo la órbita de la Corte Suprema, encargada ahora de inventariar y tasar cada activo. Ese proceso podría extenderse varios meses.
Entre los bienes alcanzados se encuentra el Hotel Los Sauces, en El Calafate, valuado en alrededor de 15 millones de dólares. La Justicia deberá determinar si el lugar será reutilizado con fines públicos o si se procederá a su subasta, aunque la familia Kirchner podría presentar recursos para frenar cualquier avance.
El destino final de los inmuebles quedará en manos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes deberán resolver el modo en que se ejecutará el decomiso y si los bienes serán puestos a disposición del Estado o vendidos.