La historia de Nicole Verón, una agente de la Policía de la Ciudad de 25 años, generó un fuerte revuelo en las últimas horas luego de que se viralizaran los videos íntimos que publicaba en la plataforma OnlyFans. Tras hacerse públicos los contenidos —algunos grabados utilizando el uniforme policial— la fuerza decidió apartarla preventivamente mientras avanza un sumario administrativo.
La joven aseguró que recurrió a esa actividad por necesidad económica. Explicó que, mientras atravesaba una licencia médica por problemas de salud y secuelas de una situación de violencia de género, su salario se redujo a $600.000 por mes, cifra que no le alcanzaba para cubrir tratamientos y gastos. En contraste, reveló que OnlyFans le permitió generar $6 millones en apenas un mes, cambiando por completo su situación financiera.
Madre de una niña de 8 años, Verón contó que comenzó subiendo contenido común, pero que luego los propios suscriptores le pidieron que apareciera con el uniforme. “Nunca imaginé que eso iba a traerme tantos problemas”, reconoció. También negó de forma contundente las acusaciones que circularon: “No soy prostituta ni estoy cometiendo un delito. Trabajo desde mi casa y nadie participa de mis grabaciones”
La agente asegura sentirse desbordada por la exposición: dice que estuvo días sin salir de su domicilio y que su teléfono “no dejó de sonar”. Además, sostiene que dentro de la fuerza existe una “persecución” hacia ella y teme recibir maltratos o presiones si en algún momento la obligan a reincorporarse. Incluso recordó que tiempo atrás denunció a un comisario por un presunto acoso.
Mientras espera las definiciones de la Jefatura —donde debe presentarse para firmar notificaciones vinculadas al sumario— cree que es muy probable que termine exonerada. Aun así, afirmó que ya comenzó a tomar decisiones pensando en su futuro fuera de la institución: destinó parte de lo ganado a pagar todo el ciclo lectivo 2026 de su hija y está evaluando retomar estudios universitarios.
“Me equivoqué, sí. Pero no soy una criminal”, expresó.
El caso reavivó el debate sobre los límites del uso de redes sociales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, la situación económica dentro del sector y las sanciones internas aplicadas por la Policía.